Vox ha ampliado sus críticas a la denominada ley de nietos y ha cuestionado también la iniciativa aprobada en el Congreso para conceder la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo administración española y a sus descendientes.
El partido de Santiago Abascal ya había alertado por el volumen de nacionalizaciones otorgadas mediante la ley de nietos. Según sostiene Vox, este mecanismo supondría una presunta modificación del censo electoral y responde a la voluntad del presidente del Gobierno de «hacer todo lo posible con tal de alterar los resultados de las próximas elecciones».
Tras la decisión cautelar del Tribunal Supremo de paralizar las inscripciones en el censo vinculadas a ese procedimiento para examinar el proceso, Vox ha extendido sus dudas a la vía de nacionalización de los saharauis.
La portavoz parlamentaria de la formación, Pepa Millán, ha afirmado este martes que la aprobación de la norma en el Congreso responde al «puro interés electoral» del PSOE para sacar adelante estas nacionalizaciones. Millán ha recordado que los socialistas habían mostrado reticencias a impulsar el proyecto hace más de un año.
«La coincidencia temporal, justo después del varapalo judicial al Gobierno suspendiendo los efectos electorales de la ley de nietos, y en vísperas de unas futuras elecciones generales, evidencia que el verdadero motor del cambio de posición del PSOE», ha asegurado Millán. A su juicio, la medida entraña un presunto riesgo para futuros procesos electorales y es «una iniciativa que abre la puerta al fraude electoral».
Vox censura que la norma implique una «concesión discrecional de la nacionalidad» y ha pedido al PP que utilice su mayoría absoluta en el Senado para paralizar su tramitación. Los populares se abstuvieron la semana pasada en la votación de la ley en el Congreso, una posición que, según Vox, «no se comprende», especialmente después de la resolución cautelar del Supremo sobre la ley de nietos.
Millán ha insistido en la tesis de su partido sobre un presunto fraude electoral para instar al PP a rechazar la iniciativa en el Senado, aunque un eventual veto de la Cámara Alta podría ser levantado posteriormente por el Congreso.