El creciente nivel de oposición social y judicialización de los proyectos de energía renovable en España está amenazando el desarrollo de la energía eólica y solar en el país, según el consejero delegado de Endesa, José Bogas. Durante la Junta de Accionistas celebrada en la sede central de la empresa en Madrid, Bogas instó a las autoridades a proporcionar «seguridad jurídica» a estos proyectos para evitar poner en peligro la transición energética de España.
«Es necesario otorgar seguridad jurídica a las inversiones para que se pueda avanzar en la descarbonización», dijo Bogas ante un quórum de 2.685 accionistas, que representan el 83.684% del capital con derecho a voto de la compañía. Mientras tanto, a las puertas de la sede, un grupo de trabajadores protestaba por el VI convenio colectivo que se está negociando con la empresa desde hace casi un año.
Bogas defendió el modelo de expansión renovable de Endesa, que describió como un «desarrollo local con proyectos de valor compartido y apostando por la integración sostenible». La empresa tiene planes de colaborar con «socios» para desarrollar ciertos proyectos renovables, siguiendo el ejemplo de otras empresas del sector, como Repsol o Iberdrola.
Endesa, que es propiedad en un 70% de la italiana Enel, planea destinar la mitad de sus 8.900 millones de euros en inversiones para los próximos tres años a las energías renovables, con un enfoque especial en la energía eólica y proyectos en Galicia y en las zonas de transición justa de Andorra (Aragón) y Pego (Comunidad Valenciana), tras el cierre de las centrales de carbón en estas áreas.
La empresa aún mantiene una «mínima actividad» de generación con carbón en Alcudia, Islas Baleares, «por razones de seguridad de suministro», pero Bogas recordó que la intención de la empresa es abandonar completamente el carbón en el negocio insular en 2027.
En este sentido, Bogas enfatizó la necesidad de «sustituir, modernizar e incorporar nueva capacidad de generación» en las islas para garantizar el suministro y reducir las emisiones. Sin embargo, criticó al Gobierno por no haber lanzado ningún concurso para nueva generación regulada en los sistemas peninsulares desde 2013.
En cuanto a la inversión en redes eléctricas, la empresa planea destinar 2.800 millones a las redes de distribución, 200 millones más que el año pasado. Sin embargo, esta cifra está pendiente de una «mayor visibilidad sobre la revisión regulatoria» en un contexto de «inflación y mayores costes financieros».
Endesa, al igual que sus competidores Iberdrola y Naturgy, ha aumentado la presión sobre el Gobierno y el regulador, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), para «eliminar los topes a la inversión» en redes, que actualmente están vinculados al PIB, así como para mejorar la rentabilidad del capital, actualmente fijada en un 5,58%, «al nivel de otros países de nuestro entorno».
«Es urgente mejorar la regulación actual en materia de distribución ya que nos está haciendo perder oportunidades a nivel país para atraer empresas, talento y tejido industrial», insistió Bogas. Según él, aunque hay cada vez más empresas atraídas por la disponibilidad y los precios de la energía en España que quieren instalarse en el país, como es el caso de los centros de procesamiento de datos, no pueden hacerlo debido a las «limitaciones regulatorias y los topes a la inversión».
Hacia el final de su discurso, Bogas expresó su repulsa al gravamen extraordinario impuesto por el Gobierno sobre las ventas de las empresas energéticas. Según Bogas, este impuesto «detrae opciones» a la capacidad de invertir de Endesa y «afrontar con éxito las exigencias que impone la transición energética».
La compañía tiene como objetivo alcanzar un resultado ordinario neto en el rango de 2.200 y 2.300 millones de euros en 2026, con un beneficio bruto de explotación (Ebitda) de 5.600 y 5.900 millones y un dividendo por acción de 1,5 euros en ese año. En comparación, Endesa ganó 742 millones de euros el año pasado, lo que supone una caída de casi el 71% en relación a los más de 2.540 millones obtenidos en 2022 y prácticamente la mitad de los 1.435 millones de 2021.