El panorama laboral en Cataluña y España está a punto de experimentar uno de los cambios más significativos en las últimas décadas. Por primera vez en 40 años, el Gobierno actual tiene previsto reducir la jornada laboral máxima, con el objetivo de llegar al final de la legislatura con una jornada laboral equivalente a 37,5 horas semanales. Esta medida, que será un estandarte en las reivindicaciones de los sindicatos en el próximo Primero de Mayo, es un indicativo palpable de los cambios que se avecinan en el mercado laboral.
Los sindicatos, a través de sus representantes en Cataluña, Javier Pacheco de CCOO y Camil Ros de la UGT, presentaron el miércoles sus principales demandas para las manifestaciones de la próxima semana. El lema de la campaña es «Por la plena ocupación, menos jornada, mejores salarios». Los líderes sindicales argumentan que el proceso de digitalización y la inteligencia artificial deben servir para hacer nuestras empresas más productivas para trabajar menos tiempo, pero en mejores condiciones.
El Gobierno ha estado en conversaciones con los sindicatos y la patronal durante meses para implementar la propuesta de reducir la jornada laboral máxima. Sin embargo, el ciclo electoral en curso, con elecciones recientes o inminentes en Galicia, el País Vasco, Cataluña y la Unión Europea, ha retrasado los avances en esta y otras materias de la agenda legislativa. Los líderes de los sindicatos catalanes de la CCOO y la UGT han expresado su preocupación por esta situación.
El impacto de esta medida, que aún no cuenta con el apoyo de la patronal, afectará este año al 55% de los trabajadores del sector privado, que verán reducida su jornada laboral máxima. Pero el impacto será mucho mayor el próximo año, cuando el Ejecutivo tiene previsto alcanzar las 37,5 horas semanales, lo que afectará a nueve de cada diez asalariados cubiertos por la negociación colectiva.
En lo que respecta a la participación y los pactos postelectorales, la CCOO y la UGT han instado a sus afiliados y simpatizantes a votar por fuerzas «progresistas» tanto en las elecciones catalanas como en las europeas, para facilitar un escenario de potencial entendimiento, mayorías y gobernabilidad afín a sus intereses.
El año pasado, antes de las elecciones generales anticipadas convocadas por Pedro Sánchez, la CCOO y la UGT plantearon el Primero de Mayo en clave electoral. Si entonces el mensaje era ir a votar para «frenar a la ultraderecha» en España, hoy el mensaje se traslada al Parlamento europeo, donde las primeras encuestas predicen una probable victoria de las fuerzas conservadoras.
En Cataluña, los sindicatos instan a sus seguidores a votar por fuerzas progresistas, pero también hacen un llamado a la racionalidad entre los partidos. En su manifiesto, advierten de la necesidad de racionalizar las discrepancias legítimas entre partidos, conscientes de la posibilidad de un mayor estancamiento, tanto a nivel estatal como autonómico, si las votaciones en Cataluña se repiten por falta de acuerdo entre los partidos.
Mientras que en años anteriores los sindicatos aprovechaban el Primero de Mayo para visibilizar conflictos laborales en empresas o sectores específicos, este año centran sus reivindicaciones en el ámbito institucional, tanto en términos de reformas como de voto. Cabe destacar que el nivel de conflictividad en Cataluña está en mínimos históricos.
Según los datos del Departament de Treball, el 2023 cerró con el menor número de horas perdidas por huelgas desde 2017. En total, en Cataluña se produjeron 140 huelgas, secundadas por 42.243 trabajadores (sobre un mercado laboral de unos 3,2 millones de asalariados) y que resultaron en 952.719 horas de trabajo perdidas.