La presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, Maribel Zamora, en el centro durante un acto de presentación del campeonato de Catalunya el pasado mes de marzo.

La tensión ha sido una constante en el voleibol español desde el 2020, marcado por la disputa entre Agustín Martín Santos, el presidente de la Federación Española de Voleibol (RFEVB), y su exaliada, Maribel Zamora, la presidenta de la Federación Catalana de Voleibol (FCVB). Esta contienda dentro de la estructura de poder ha generado un ambiente de incertidumbre, que a día de hoy, aún no se ha resuelto.

Zamora, que lideró la candidatura ‘Ahora Vóley’ respaldada por la mayoría de las federaciones territoriales, perdió las elecciones por un solo voto. Sin embargo, la candidata alega que hubo irregularidades durante el proceso electoral. Según Zamora, existieron casos de votos duplicados y la inclusión sospechosa de personas en el censo electoral, como un equipo ficticio de mujeres canarias en Valladolid. Por lo tanto, impugnaron el resultado ante un tribunal contencioso administrativo.

La denuncia fue resuelta en 2021, y la sentencia resultante destacó la falta de transparencia en el proceso electoral. Sin embargo, un recurso interpuesto por la RFEVB ha mantenido el proceso en punto muerto durante cuatro años. Mientras las elecciones de este año se acercan, el litigio sobre las elecciones anteriores todavía no se ha resuelto.

Según Zamora, tras las elecciones y la posterior denuncia, la RFEVB ha estado exhibiendo una serie de comportamientos irregulares, como castigo a las federaciones territoriales opositoras. Como ejemplo, menciona que la RFEVB aprobó decisiones sin someterlas a votación en la Asamblea, incluyendo los presupuestos. Cinco federaciones territoriales denunciaron este comportamiento y en febrero, un tribunal les dio la razón.

Uno de los impactos más cuantificables de esta batalla ha sido el cambio en las asignaciones económicas durante los últimos cuatro años. Según Zamora, los criterios de asignación pasaron de ser objetivos a subjetivos, incluyendo un factor llamado ‘aspectos negativos’, que el presidente de la RFEVB, según Zamora, lo definió como la negativa a dar subvenciones a quienes lo demandaban.

Desde que se cambiaron los criterios económicos, la FCVB ha visto su presupuesto reducido de 25.000 euros anuales a 470 euros, mientras que otras federaciones afines al presidente, como la de Castilla y León, han visto un aumento en sus subvenciones de 7.500 euros a más de 33.000 euros anuales.

Martín defiende las nuevas asignaciones económicas, alegando que se han concedido de acuerdo con los criterios establecidos en 2021 por el Consejo Superior de Deportes. También acusa a Zamora de utilizar el dinero de la FCVB para pagar las costas procesales y de campaña electoral, calificándolo como un caso de corrupción.

Esta lucha por el poder ha generado una gran incertidumbre en el mundo del voleibol español. Mientras las nuevas elecciones se acercan, la resolución de las disputas del pasado sigue pendiente, lo que amenaza con prolongar la inestabilidad dentro de la RFEVB.