El Juzgado de lo Social número 12 de Madrid ha declarado nulo el despido, ejecutado en 2025, de un ex alto cargo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) que denunció un presunto desfalco de 25 millones de euros durante 17 años. Según la sentencia, el cese fue una represalia por la investigación interna y la posterior denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción.
El fallo señala que el directivo, que había estudiado durante casi un año las presuntas irregularidades, advirtió en dos ocasiones al secretario de Estado de Ciencia, Juan Cruz Cigudosa. La resolución menciona tres veces al responsable ministerial y recoge que el denunciante alertó tanto de los hechos detectados como de la posibilidad de sufrir represalias. Pese a ello, el CNIO procedió a su despido el 31 de agosto de 2025.
El primer aviso se produjo el 3 de marzo de 2025. El entonces directivo comunicó a Cruz Cigudosa que la estructura que, según su análisis, controlaba de hecho la gestión del CNIO desde comienzos de los años 2000, encabezada por el histórico gerente Juan Arroyo, impedía aplicar los controles legales exigidos en los contratos de suministros. También aseguró disponer de pruebas de compras superiores a las necesidades del centro y realizadas sin un control adecuado.
El segundo aviso fue remitido el 8 de agosto de 2025, 22 días antes del despido. Para entonces, el denunciante, que ejercía como director de Operaciones, llevaba meses investigando junto a la directora de Cumplimiento Normativo una presunta operativa de empresas pantalla controladas por altos cargos del propio CNIO. De esas pesquisas surgió una denuncia de 122 páginas que presentó ante Anticorrupción el 27 de junio de 2025.
La sentencia concluye que las acusaciones utilizadas para justificar el despido eran «vagas e inconsistentes». El juez sostiene que el CNIO era «perfectamente conocedor de la inconsistencia» de esos reproches y, aun así, los empleó para despedir al directivo. La Autoridad Independiente de Protección al Informante también ha apreciado un esquema de represalias contra ambos responsables, que fueron cesados.
Los dos directivos fueron despedidos un día antes de la incorporación del nuevo gerente, José Manuel Bernabé, designado por el Ministerio de Ciencia. Bernabé se sumó posteriormente a la denuncia del ex director de compras tras su publicación en noviembre de 2025, tres meses después de su llegada. Sin embargo, dimitió poco después al considerar que no podía enfrentarse a lo que describió ante su entorno como «una verdadera mafia», tras una denuncia por acoso que fue rechazada incluso por la mayoría de los científicos del centro.
El magistrado repasa además que la Intervención General del Estado ordenó en 2020 evitar el fraccionamiento de contratos y garantizar la correcta definición de sus objetos. En 2024, el denunciante elaboró una guía para trasladar esos controles al CNIO.
La resolución también recoge la respuesta de uno de los directores a quienes el denunciante y la responsable de Cumplimiento Normativo trasladaron sus requerimientos: «Somos los únicos sometidos a este tipo de acciones por vuestra parte, sin que tenga conocimiento que se le soliciten a ninguna otra área […]. Rogamos cese el comportamiento beligerante».
Según el fallo, el directivo puso sus sospechas en conocimiento de los responsables del CNIO, de su patronato y del Ministerio, sin recibir respuesta, mientras se le retiraban funciones. La investigación interna era conocida dentro del centro: uno de los correos aportados al procedimiento menciona que el denunciante acudió a un almacén para contar uno a uno los monitores adquiridos y verificar si se había cumplido el objeto de un contrato.
La Fiscalía y la UDEF han hallado pruebas de que algunas prestaciones abonadas no se llevaron a cabo, dentro del esquema principalmente denunciado. El 5 de agosto de 2025, el CNIO abrió un expediente disciplinario contra el director de Operaciones y la directora de Cumplimiento Normativo. El Comité de Empresa planteó que habría sido más razonable esperar a la llegada del nuevo gerente, prevista para el día siguiente, pero el despido se hizo efectivo el 31 de agosto.
Algo más de un año después, la Justicia ha declarado nulo el cese del denunciante.