El Ministerio de Trabajo ha presentado una propuesta que podría beneficiar a las personas que han perdido su empleo y que anteriormente estaban contratadas a tiempo parcial. Según la propuesta, estos trabajadores podrán tener derecho a cobrar el subsidio por desempleo completo, siempre y cuando cumplan con las condiciones pertinentes. Esto les situaría en la misma posición que aquellos que han cotizado con un contrato a tiempo completo, una decisión que ha sido consensuada con la patronal y los sindicatos.
La cantidad que se puede recibir actualmente como subsidio completo es de 480 euros al mes, una cifra que el Gobierno planea aumentar a 540 euros. Este cambio es parte de los esfuerzos para avanzar en la reforma del sistema asistencial de protección por desempleo, que se discutieron en una reunión mantenida con los sindicatos y la patronal el viernes pasado.
Bajo la normativa actual, los trabajadores a tiempo parcial que pierden su empleo solamente tienen derecho a cobrar un subsidio parcial, que se calcula en función de las horas trabajadas en su último contrato. Por ejemplo, aquellos que estuvieron contratados a media jornada recibirían 240 euros al mes.
Los sindicatos han estado presionando para que se elimine esta reducción, argumentando que es discriminatoria y proporciona una protección insuficiente para los desempleados. Además, señalan que es contradictoria, ya que el sistema de protección asistencial por desempleo otorga derechos subjetivos y no está vinculado a la cotización previa de la persona, a diferencia de la prestación de paro ordinaria.
Los sindicatos CCOO y UGT han celebrado la promesa verbal del Ministerio de Trabajo de acabar con esta diferenciación entre tiempo parcial y completo. Esta diferenciación ha sido criticada por su sesgo de género, ya que tres de cada cuatro empleados a tiempo parcial son mujeres, que son por lo tanto las que más frecuentemente terminan cobrando un subsidio parcial. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, todavía no ha proporcionado una nueva versión escrita de esta reforma legislativa, ni ha presentado una evaluación económica que cuantifique cuánto costaría implementar este cambio.
La reforma del sistema asistencial por desempleo lleva más de un año pendiente. Aunque se prometió a Bruselas que se llevaría a cabo como parte del Plan de Transformación y Resiliencia para la recepción de fondos europeos, la reforma no se aprobó durante la última legislatura debido a diferencias entre los socios de Gobierno.
Tras las elecciones, la reforma se tramitó como un real decreto ley. Sin embargo, la propuesta se desvaneció cuando los diputados de Podemos se separaron de la versión final de la norma. Su argumento era que la medida introducía un recorte en términos de aportación del Sepe a la caja de la Seguridad Social para aquellos parados de más de 52 años, lo que podría resultar en peores pensiones futuras.
Ahora, el Ministerio de Trabajo ha reactivado las negociaciones para tratar de llegar a un consenso mínimo y luego llevar la propuesta al Congreso. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha confirmado que pretenden tramitar la reforma como un proyecto de ley, lo que permitiría a los partidos políticos en el Congreso negociar e introducir cambios.
Este nuevo enfoque podría implicar un retraso en la implementación de la norma en comparación con la previsión inicial. El real decreto ley tenía la intención de que todas las novedades, incluyendo el aumento de la cuantía hasta los 540 euros, empezaran a aplicarse en julio. Ahora, habrá que ver cuánto tiempo requiere el proceso de diálogo social y la tramitación en el Congreso para que la norma pueda ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).