El viernes pasado, Fernando Miranda, quien ocupa el tercer puesto en el Ministerio de Agricultura, visitó Barcelona junto a dos de sus asesores más cercanos para dialogar con una delegación de la Unió de Pagesos (UP). Desafortunadamente, no logró calmar los ánimos de los agricultores catalanes, quienes anunciaron nuevas jornadas de manifestaciones en las carreteras de Cataluña tras la reunión.
Las protestas, mejor conocidas como tractoradas, se llevarán a cabo el 27 y 28 de febrero, según anunció Joan Caball, coordinador nacional de UP. Estas concentraciones tendrán lugar en puntos cercanos a la frontera con Francia, y es probable que se unan agricultores franceses a las manifestaciones.
Los productores catalanes aprovecharon la oportunidad para expresar su descontento con las importaciones de países extracomunitarios, que según ellos, representan una competencia desleal para el sector primario español. «Es una buena noticia que el polémico cuaderno digital pase a ser ahora voluntario, pero esperamos que haya más concreciones», declaró el coordinador de UP.
Además, hicieron hincapié en la necesidad de implementar mecanismos que garanticen la continuidad generacional en el campo, recordando que «el 25% de los agricultores tienen más de 65 años en Cataluña». También solicitaron la modificación de la ley de la cadena alimentaria, que en su opinión, sigue favoreciendo a las grandes distribuidoras.
Por su parte, Miranda, quien también se desempeña como secretario general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, recordó el plan de choque de 18 medidas que el ministro Luis Planas acordó la semana pasada con las principales organizaciones agrarias españolas. Entre estas medidas, destacó la inclusión de cláusulas espejo en los acuerdos comerciales que la Unión Europea firme con países extracomunitarios y la simplificación de la carga administrativa en general.
Paralelamente, el Ministerio de Agricultura ha informado a la Comisión Europea sobre la necesidad de que el sector de la fruta y las hortalizas reciba casi 351 millones de euros este año para que las organizaciones de productores puedan desarrollar sus programas operativos. Esta solicitud representa un incremento del 1% en comparación con la del año 2023 y un aumento del 16% respecto a la media de los últimos cinco años.
437 organizaciones de productores distribuidas en 15 comunidades autónomas se beneficiarán de estas ayudas. Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón, Extremadura y Navarra son las regiones que más se destacan en términos de valor de producción comercializada. Según un comunicado enviado por el ministerio el viernes, España es el primer Estado miembro receptor de estas ayudas, con el 31% del total de la Unión Europea.
El malestar de los agricultores catalanes, la respuesta del Ministerio de Agricultura y las futuras manifestaciones, son todos elementos que configuran una situación de creciente tensión en el sector agrario español. Las medidas propuestas y las ayudas financieras anunciadas, aunque bienvenidas, aún tienen que demostrar su eficacia y su capacidad para satisfacer las demandas de los agricultores.