La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se ve envuelta en una nueva controversia cada día. En esta ocasión, el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha anulado una decisión del comité electoral en el proceso de elección de un nuevo presidente, afirmando que esta decisión contraviene la ley. Esta situación, provocada por una reclamación presentada por Miguel Galán, el presidente de la escuela de entrenadores Cenafe, podría resultar en que Pedro Rocha ya no sea el único candidato a la presidencia del órgano. Esto podría llevar a una repetición completa de las elecciones, aunque la situación todavía es incierta.
El TAD considera que la comisión electoral de la RFEF no actuó correctamente al rechazar una apelación de Galán sobre la composición del censo electoral. A pesar de que el TAD validó el censo y consideró que todos los miembros de la asamblea conservaban su derecho a voto, el TAD sostiene que la forma en que la comisión electoral gestionó el asunto, sin ni siquiera admitirlo para su análisis y posterior rechazo, no fue conforme a la ley. Por ello, ha ordenado retrotraer las actuaciones para que la comisión electoral dicte una resolución que esté en conformidad con la ley, admitiendo la apelación de Galán y decidiendo sobre el fondo de la cuestión que planteaba.
La resolución del TAD implica que el proceso electoral de la RFEF podría tener que reiniciarse desde el día en que se rechazó la apelación de Galán, el 9 de mayo. Actualmente, la decisión está en manos de la comisión electoral. Si admite la apelación y da la razón a Galán en el fondo de su cuestión, las elecciones tendrían que repetirse, ya que el censo de las mismas cambiaría. Sin embargo, es probable que la comisión rechace la apelación, ya que el TAD ya se pronunció en esa línea. En ese caso, no está claro si el proceso tendría que reiniciarse a partir del 9 de mayo, fecha en la cual ya se estaban recogiendo avales.
Se están produciendo interpretaciones jurídicas en uno y otro sentido. La RFEF sostiene que el TAD no ordena una repetición completa de las elecciones, mientras que el demandante cree que sí. Si el proceso electoral se anulara desde esa fecha, Rocha tendría que volver a recoger al menos 21 avales necesarios para ser candidato. Esto abriría la puerta a que otros posibles candidatos puedan conseguir esos avales y competir por la presidencia.
Esto sería una mala noticia para Rocha, que desde la recogida masiva de avales ha sido expedientado por el propio TAD por una presunta extralimitación en sus funciones. Además, ha pasado de testigo a investigado en el caso Supercopa, que investiga presuntas actuaciones irregulares en la RFEF. Rocha se consideraba a sí mismo «presidente electo» de la RFEF, aunque aún no lo era porque su proclamación estaba impugnada, también por Galán. Además, pesa sobre él la amenaza de una suspensión temporal por parte de la comisión directiva del Consejo Superior de Deportes, como ocurre con todos los miembros de la comisión gestora que todavía gobierna la RFEF.
La situación puede complicarse aún más, ya que aunque esta resolución es firme en la vía administrativa, se puede apelar a la Justicia ordinaria durante un plazo de dos meses. Si alguno de los afectados, ya sea la RFEF o Rocha, iniciara un recurso judicial, esto prolongaría la parálisis que afecta a la federación desde hace semanas.
Con todos estos recursos, posibles inhabilitaciones e imputaciones judiciales, la intervención de la RFEF por parte de la FIFA, acordada con el Gobierno, parece cada vez más probable, dado el desgobierno en el que se encuentra la Federación. Sin embargo, la situación es cada vez más compleja y nadie parece ser capaz de vislumbrar una solución cercana a la crisis institucional y de reputación que padece el fútbol español, que se agrava cada día.