Pedro Rocha, el único aspirante actual a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), se encuentra en el centro de una creciente controversia en el marco del caso Supercopa. Antes de convertirse en investigado, Rocha defendió ante la jueza que no había recibido ningún pago de la Federación durante su periodo como presidente de la Federación Extremeña de Fútbol (FEX). Según informa El Periódico de España, reconoció que no percibió ningún ingreso hasta que decidió asumir el sueldo de más de medio millón de euros que cobraba Luis Rubiales en su última etapa en el cargo.
El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha abierto un expediente a Rocha, una acción con la que el Gobierno espera conseguir su suspensión. En su defensa, Rocha describió a la magistrada cómo se distribuían los fondos de «profesionalización» que Rubiales proporcionaba a las distintas federaciones territoriales.
El candidato a la presidencia de la RFEF explicó que los presidentes de las federaciones recibían una cantidad de fondos de profesionalización dependiendo de su función y relevancia. Rocha afirmó que nunca percibió ese dinero como sueldo propio durante su mandato al frente de la Federación Extremeña, que comenzó en 2013. En cambio, decidió emplear esos fondos en la creación de tres puestos de trabajo.
Este detalle es especialmente relevante debido a las posibles implicaciones que este reparto de dinero podría tener en la adquisición de un mayor control de la RFEF y sus asambleístas por parte del presidente. A pesar de las preguntas de la Fiscalía acerca de la cronología de la recepción de estos fondos, Rocha no pudo precisar el año exacto, aunque afirmó que comenzó durante el mandato de Rubiales.
Rocha, que se espera sea el próximo presidente de la RFEF, tanto por parte de Rubiales como de los asambleístas, no está acusado, al menos hasta el día de hoy, de ninguno de los delitos que se investigan en el caso Supercopa. Sin embargo, su condición cambió de testigo a investigado durante el procedimiento, una medida de protección tomada por el fiscal y la jueza, ya que Rocha estaba dando respuestas poco concretas.
Durante su declaración, Rocha, quien se mostró nervioso, ofreció total colaboración al tribunal, asegurando que la Federación estaba dispuesta a proporcionar toda la documentación requerida. Sin embargo, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) argumentó que la RFEF no había entregado todos los documentos solicitados, lo que motivó los registros y detenciones del pasado 20 de marzo.
En 2020, Rocha fue nombrado vicepresidente económico de la RFEF, un cargo que, según él, se le otorgó por ser «un hombre de fútbol, una persona honrada y transparente». Sin embargo, a medida que transcurría su declaración, Rocha acumuló una serie de negativas y réplicas que finalmente llevaron a su cambio de condición de testigo a investigado.
Una de las áreas de mayor tensión durante la declaración de Rocha fue la discusión sobre los contratos relacionados con la Supercopa de España en Arabia Saudí. Aunque Rocha no estaba al frente de la comisión económica cuando se firmó el acuerdo inicial en 2019, sí ocupaba el cargo cuando se firmó la prórroga para continuar el torneo en Oriente Próximo. A pesar de esto, Rocha afirmó que no estaba informado de la prórroga del contrato.
La Fiscalía finalmente otorgó a Rocha el estatuto de investigado, citando su obligación de conocer los detalles de la prórroga de la Supercopa y su aparente ignorancia de los mismos como la razón. Rocha, claramente sorprendido por el cambio en su estatus, se defendió argumentando que había ciertas cosas que desconocía. El caso continúa abierto y las implicaciones de esta controversia aún están por determinarse.