El consorcio húngaro Magyar Vagon ha rechazado con vehemencia la sugerencia de que esté vinculado con Rusia o con su líder, Vladímir Putin, en medio de su intento de lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) sobre la empresa española Talgo. Esta negación surge en respuesta a la información desvelada en exclusiva por el vertical económico de Prensa Ibérica, ACTIVOS.
El Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha dejado claro que el Gobierno español hará todo lo posible para evitar que esta operación llegue a buen puerto. La preocupación subyacente es que pueda haber inversores rusos o incluso el propio régimen ruso detrás de esta operación.
El consorcio que lidera la potencial OPA está conformado al 55% por un grupo de inversores, liderado por András Tombor y Gyorgy Bacsa, y al 45% por el fondo estatal húngaro, Corvinus.
Antes de la invasión de Rusia a Ucrania, Tombor estaba asociado con una compañía de material ferroviario ruso que se había adjudicado un concurso en Egipto. Sin embargo, tras el estallido de la guerra en Europa, ambos socios renegociaron y deshicieron la alianza.
Los vínculos de Tombor con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, uno de los aliados más cercanos a Putin, han sido señalados. Sin embargo, las fuentes del consorcio húngaro argumentan que Tombor tardó el mismo tiempo en cerrar sus inversiones con Rusia que otras empresas españolas, como Inditex.
Magyar Vagon ha defendido su independencia de Rusia, señalando que los bancos acreedores de Talgo han realizado comprobaciones exhaustivas. Estos bancos, más de una veintena, certificaron que seguirían apoyando financieramente a Talgo aunque cambiara de manos. Esta certificación es interpretada por los inversores húngaros como un respaldo a su proyecto.
En enero, cuando se conoció el interés de Magyar, el Gobierno español no vio con malos ojos la operación. La idea era que Talgo necesitaba un socio o un comprador industrial que permitiera sacar adelante a la compañía el ingente volumen de pedidos, que está en un nivel récord, con más de 4.200 millones de euros.
La situación actual es que Renfe reclama 116 millones a Talgo por retraso y otros 50 millones en concepto de lucro cesante. Además, si Talgo no cumple con Deutsche Bahn, la compañía ferroviaria federal alemana, que le encargó la fabricación de más de 70 convoyes por valor de 2.000 millones, podría tener problemas para presentarse a nuevos concursos internacionales en el futuro.
A pesar de la negativa inicial del Gobierno a la OPA, Talgo ha cerrado en bolsa con una leve caída del 0,7% y pierde en el año poco más de un 5%. Cotiza en 4,1 euros por título, mientras que la OPA será a 5 euros por acción.
El cambio de opinión del Gobierno se ha atribuido en parte al reciente viaje de Óscar Puente a Lituania, Letonia y Estonia. España tiene importantes intereses económicos y estratégicos en el desarrollo de Rail Baltica, la infraestructura ferroviaria de alta velocidad que unirá Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania y Polonia.
Ineco, la empresa de ingeniería y consultoría del Ministerio de Transportes, está muy involucrada en el proyecto. Está diseñando un tramo de 94 km de ancho europeo, entre la ciudad de Vangazy (Letonia) y la frontera con Estonia, y otro trecho de 56 kilómetros en la ciudad de Riga, junto con IDOM.
Se sugiere que durante el viaje de Puente, las empresas y los gobiernos de estos países explicaron que permitir que Talgo caiga en manos de los inversores húngaros podría ser una forma de que la tecnología de la empresa española caiga en manos rusas.