El Gobierno puede, de hecho, llevar adelante un proyecto de Presupuestos del Estado sin la aprobación parlamentaria del objetivo de déficit. Así lo defiende la Abogacía del Estado en un informe que contradice los intentos del Partido Popular de obstruir el proceso presupuestario luego de que el Senado -donde el PP ostenta la mayoría absoluta- rechazara nuevamente el camino de los objetivos de déficit y deuda para el periodo 2024-206 propuesto por el Gobierno.
De acuerdo con el informe de la Abogacía del Estado, «El rechazo de los objetivos de estabilidad por alguna de las Cámaras no afecta al deber del Gobierno de presentar un proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, pues esta obligación ha sido impuesta directamente por la Constitución (artículo 134.1)». Además, el informe sostiene que la obligación del Gobierno de presentar a las Cortes un proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado no puede ser obviada por las eventualidades que deriven de la aplicación de una norma de rango inferior a la Constitución, como la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria.
El dictamen también se apoya en el principio de «primacía del Derecho de la Unión Europea sobre los ordenamientos jurídicos nacionales» y en los compromisos de estabilidad presupuestaria asumidos con las instituciones europeas como argumentos que respaldan la presentación de unas nuevas cuentas.
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha aludido a este informe jurídico desde diciembre pasado. Sin embargo, no fue revelado hasta este miércoles, después de que el Senado vetara, por segunda vez, la senda de objetivos de déficit y deuda propuesta por el Gobierno. El retraso en la publicación de este informe había llevado al PP a dudar en público de su existencia.
Apoyándose en el informe de la Abogacía del Estado, Montero reafirmó este miércoles la disposición del Ejecutivo a presentar un proyecto de ley de Presupuestos para el ejercicio 2024, a pesar de su evidente retraso en su tramitación, que debía haber concluido antes del 30 de diciembre pasado. «Quiero dejar muy claro en esta tribuna que el Gobierno va a presentar un proyecto de Presupuestos para 2024. Lo va a remitir a las Cortes Generales», afirmó Montero en el Senado.
La Abogacía del Estado sostiene que si los objetivos de déficit hubieran sido aprobados, el contenido del proyecto de Presupuestos tendría que ser acorde con los objetivos aprobados. En caso contrario, el contenido del proyecto deberá ser conforme con las limitaciones materiales establecidas de forma genérica en la Constitución.
En caso de que el nuevo objetivo de estabilidad sea rechazado, el Gobierno podrá presentar un proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado conforme a los últimos objetivos de estabilidad aprobados. En la situación actual, esto significa que el proyecto de ley debe elaborarse «de acuerdo con los objetivos incluidos en el programa de estabilidad», siempre que hayan sido avalados por la Comisión Europea y por el Consejo Europeo, como sucedió en mayo y julio pasado, respectivamente.
«La Administración del Estado cumplirá con el mandato constitucional elaborando un proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado adecuado a los objetivos de estabilidad y deuda pública contenidos en el programa de estabilidad», concluye el documento enviado por el abogado jefe del Estado a la Secretaría de Estado de Presupuestos, Raúl López Fernández.
El informe remitido a la Comisión Europea a finales de abril pasado, en el que el Gobierno se fijaba un objetivo de déficit para 2024 equivalente al 3% del PIB para el conjunto de las administraciones públicas, menciona el documento ‘Actualización del Programa de Estabilidad 2023-2026’.
El plan de estabilidad distribuía este objetivo de déficit del 3% entre los diferentes niveles de la administración pública, asignando un déficit del 3% al Estado y del 0,2% a la Seguridad Social, mientras que se preveía equilibrio presupuestario para las comunidades autónomas (déficit cero) y un superávit del 0,2% para las corporaciones locales.
No obstante, en la senda de objetivos de déficit que ahora ha sido rechazada por el Senado, el Gobierno había redistribuido ese objetivo conjunto del 3% para dar algo más de margen de gasto a las comunidades autónomas (un déficit del 0,1%, en lugar de equilibrio) y a las corporaciones locales (en lugar de superávit, se esperaba un déficit cero en 2024).
Pero el Senado ha vetado definitivamente esta nueva senda -con el voto negativo de la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta- y ahora, según el dictamen de la Abogacía del Estado, vuelve a entrar en juego la senda de abril que, en la práctica, restará capacidad de gasto tanto a las comunidades autónomas (por unos 1.500 millones) como a los ayuntamientos (por unos 3.000 millones). En el caso de Catalunya, se estima que la Generalitat perderá unos 277 millones de euros de capacidad de gasto en 2024 al quedar obligada ahora por un objetivo de déficit cero. Andalucía tendrá que restar 195 millones a su proyecto de Presupuestos para este año. En la misma proporción (una décima de PIB) tendrán que ajustar sus respectivas cuentas todas las comunidades autónomas. Los ayuntamientos también tendrán que ajustar sus cuentas, de acuerdo a los nuevos objetivos.