El Gobierno de España, a través de su vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reiterado su firme oposición a la adquisición de la firma de fabricación de trenes, Talgo, por el consorcio húngaro Magyar Vagon. La ministra subrayó que el Ejecutivo está en constante comunicación con empresas españolas «muy importantes y cotizadas» para ofrecer una alternativa a la compra que, según el Gobierno, podría estar vinculada a intereses rusos y de extrema derecha, una afirmación que el consorcio húngaro niega vehementemente.
Esta postura del Gobierno se ha manifestado en varias ocasiones, siendo el ministro de Transportes, Óscar Puente, uno de los más destacados en subrayar que el Gobierno «hará todo lo posible» para impedir el éxito de la operación. Esta firme oposición se debe al temor de que los inversores involucrados en la compra puedan tener vínculos con Rusia y con fuerzas de extrema derecha.
A pesar de las sospechas del Gobierno español, el grupo húngaro ha insistido en su desvinculación con Rusia y con el presidente Vladímir Putin. La oferta de compra de Talgo está liderada por un grupo de inversores que conforman el 55% del consorcio, encabezados por András Tombor y Gyorgy Bacsa, y el 45% restante está controlado por el fondo estatal húngaro Corvinus.
Fuentes cercanas al consorcio húngaro han explicado que, antes de la invasión rusa a Ucrania, Tombor estaba asociado con una compañía de material ferroviario rusa que había ganado un concurso en Egipto. Sin embargo, tras el estallido de la guerra en Europa, ambos socios renegociaron y rompieron la alianza. Pese a ello, Tombor sigue vinculado con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, uno de los líderes políticos más cercanos a Putin.
Montero resaltó que el Gobierno está trabajando para atraer a más inversores interesados en Talgo. Se están buscando empresas españolas que estén interesadas en invertir en sectores en los que tradicionalmente no han estado presentes, y que ahora podrían tener una oportunidad de negocio. Aseguró que esta labor se está realizando con cautela y discreción, dado que se trata de empresas «muy importantes», algunas de ellas cotizadas, cuya información podría alterar su cotización en bolsa y perjudicar sus intereses.
En su afán por salvaguardar los intereses nacionales, la ministra Montero ha reiterado el interés del Gobierno en contar con empresas, tanto españolas como europeas, que respalden a otras compañías estratégicas para el país. El objetivo es garantizar la autonomía de España y proteger sus intereses estratégicos.
Aunque Montero no ha revelado los nombres de las empresas con las que el Gobierno ha estado en contacto, se rumorea que entre los principales candidatos estarían CAF y Criteria Caixa, empresas españolas, así como Stadler o Alstom, empresas europeas con una amplia presencia en España en la fabricación de trenes.