En un intento por dirigir las reformas de las pensiones hacia una mayor eficiencia y equidad, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social de España, liderado por la ministra Elma Saiz, ha propuesto una nueva estrategia para la jubilación anticipada. El objetivo propuesto es dar prioridad a las profesiones que registran un alto número de bajas médicas y que, en consecuencia, representan una mayor carga para el erario público.
El nuevo enfoque se basa en una serie de indicadores que se utilizarán para determinar cuándo los profesionales de ciertas profesiones podrán retirarse antes de la edad legal de jubilación sin afectar negativamente el monto de su pensión. Uno de los criterios propuestos es el importe total de las prestaciones pagadas por el Estado en caso de incapacidad temporal.
Aunque estas negociaciones están en una fase preliminar y el contenido del borrador inicial está sujeto a cambios, la propuesta ya ha generado fricciones entre el Gobierno y los sindicatos. Los sindicatos han expresado su preocupación por un posible sesgo de género en los indicadores propuestos, dada la actual infradetección de las bajas médicas entre ocupaciones dominadas por mujeres.
El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha propuesto tres variables para determinar cuándo es apropiado que un empleado se retire antes de la edad legal de jubilación, que actualmente es de 66 años y seis meses. Estas variables incluyen el importe total que el Estado paga en prestaciones por incapacidad temporal, el número total de bajas por incapacidad temporal en relación con el número total de empleados, y la proporción de accidentes mortales en el sector. La edad más temprana propuesta para la jubilación anticipada es de 52 años.
Según la propuesta, cualquier sindicato o patronal representativa de un sector podrá solicitar al Gobierno que identifique una profesión como especialmente peligrosa y permita la jubilación anticipada. Sin embargo, esto implicará que las empresas y los trabajadores de dicho sector tendrán que pagar una sobrecotización para compensar la jubilación anticipada. Una vez presentada la solicitud, el Gobierno se compromete a responder en un plazo máximo de seis meses.
Sin embargo, los sindicatos consideran que los criterios pueden ser demasiado restrictivos para ciertas profesiones. Como ejemplo, citan a las camareras de piso, quienes a menudo desarrollan dolencias consideradas comunes, pero que en realidad son el resultado de su actividad profesional. Según los sindicatos, en el actual esquema, un minero tendría más facilidades para solicitar la jubilación anticipada.
El sindicato UGT ha criticado con vehemencia la propuesta, argumentando que parece que la Seguridad Social pretende que las profesiones masculinas se beneficien de coeficientes reductores de la edad de jubilación, mientras que las profesiones femeninas se quedan con la jubilación parcial. Cristina Estévez, secretaria de política institucional de UGT, ha calificado esta situación como una «desigualdad de trato inasumible». Por su parte, la patronal CEOE ha declinado hacer comentarios.
A raíz de estas críticas, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha incluido dos compromisos en su primer borrador. El primero es la creación de un grupo de trabajo en el plazo de seis meses para analizar aquellas profesiones que son penosas pero que no registran altos índices de morbilidad o mortalidad. El segundo es la creación de una comisión en el plazo de 12 meses para estudiar el impacto de género de la reforma en las jubilaciones anticipadas.
El papel de las mutuas colaboradoras en el tratamiento de los trabajadores de baja por incapacidad temporal también es objeto de discusión en la reforma de las pensiones. Las mutuas colaboradoras son entidades privadas a las que la Seguridad Social transfiere anualmente fondos públicos recaudados de las cotizaciones que pagan mensualmente las empresas y los trabajadores. El borrador que maneja el Gobierno propone incentivar un mayor papel de las mutuas en aquellos procesos que han superado las duraciones óptimas, es decir, aquellos que tardan más de lo habitual en recuperarse. Sin embargo, esta propuesta ha generado desacuerdo entre los sindicatos y la patronal. Los sindicatos temen que las mutuas puedan presionar a los trabajadores para adelantar las altas, mientras que los empresarios apoyan un mayor papel de las mutuas.