Estimados ciudadanos, considero necesario dirigirme a ustedes después de la conmoción social y política causada por el desahucio de Maricarmen, una madrileña de 87 años.
Mi primer deber es recordar que el lanzamiento, por doloroso que resulte, se ejecutó en cumplimiento de una resolución judicial. Sé que esta explicación no mitiga el sufrimiento. Algunos podrían pensar que el Estado de derecho deja de serlo cuando genera efectos inhumanos. Sin embargo, pocas cosas entrañan más riesgo que reemplazarlo por reacciones emocionales.
La legalidad no coincide siempre con la intuición moral. Precisamente por ello hay que evitar convertir una tragedia particular en material para la propaganda. Sería indigno que los políticos actuáramos como buitres del sufrimiento de Maricarmen o de la indignación ciudadana.
En un Estado de derecho, las leyes las aprueban las Cortes, los jueces las aplican y las fuerzas de seguridad garantizan su ejecución. Si la normativa ha llevado a esta situación, quienes legislamos debemos asumir la responsabilidad.
El desahucio de Maricarmen se deriva de una ley aprobada en 1994 que ningún Gobierno posterior, incluido el nuestro, ha reformado en los aspectos decisivos para este caso. No hace falta entrar ahora en los pormenores jurídicos de un litigio vinculado a la renta antigua, que concluyó en 2023 cuando el Tribunal Supremo confirmó el derecho de la propiedad a recuperar la vivienda.
El resultado fue la imagen del día anterior: una mujer de 87 años, con dificultades de movilidad, saliendo en camilla de la casa en la que había vivido desde los 17 años. Es una escena profundamente dolorosa. Pero un Gobierno debe evitar que la conmoción se convierta en un criterio jurídico.
Que la propietaria sea una sociedad de inversión puede hacer el caso todavía más difícil de aceptar, pero no modifica su naturaleza. Si se entiende que una persona vulnerable no debe perder su hogar, la responsabilidad de protegerla corresponde al Estado y no puede imponerse de forma arbitraria a un propietario determinado.
El Estado tampoco debería comprar ni expropiar la vivienda de Maricarmen. Eso no constituiría política social, sino usar la notoriedad mediática como criterio de distribución. La acción pública ha de regirse por principios y no por impulsos. Habría que determinar qué regla general se desprendería de una intervención de ese tipo. Si el dolor de un caso fuese suficiente para privar a un propietario de un bien, sería necesario explicar qué norma general se aplicaría a los miles de situaciones desgraciadas que se producen cada año.
Si la ley se considera injusta, debe modificarse. Si las alternativas públicas son insuficientes, deben reforzarse. Si se cree que ninguna persona mayor vulnerable puede quedarse sin una vivienda digna, hay que aprobar una norma general y aclarar cómo se aplicará y financiará. Eso es gobernar. Para culpar al juez, reprochar al propietario y mostrarse ante las cámaras consternado por los efectos de una legislación vigente desde hace tres décadas, no hace falta un Gobierno.
La solución al caso de Maricarmen es conocida por todos. La dificultad está en aplicarla respetando los principios de igualdad, generalidad y seguridad jurídica cuando el siguiente caso sea menos conocido, menos conmovedor o menos rentable en términos políticos.