La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, María de los Ángeles Lorenzo, ha acordado la apertura de juicio oral por la pieza principal del caso Mediador contra 14 personas. Entre los acusados figuran el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como Tito Berni; su sobrino, Taishet Fuentes, exdirector general de Ganadería del Gobierno de Canarias; el mediador Marco Antonio Navarro Tacoronte, y el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas.
La Fiscalía presentó su escrito de acusación en junio y solicitó ocho años de prisión para Tito Berni por cohecho continuado y pertenencia a grupo criminal. Para Taishet Fuentes reclama 11 años de cárcel, al sumar también un delito de estafa. La mayor petición de pena, de 13 años de prisión, corresponde a Marco Antonio Navarro Tacoronte, que actuaba como mediador con los empresarios contactados.
De acuerdo con el Ministerio Público, desde 2021 el exdiputado, su sobrino y el mediador idearon un plan criminal con funciones repartidas entre ellos. Presuntamente, ofrecían a empresarios, principalmente de los sectores agrícola, ganadero y de las energías renovables, negocios privados, contratos, subvenciones y otros beneficios ilícitos en el ámbito público a cambio de regalos, dádivas y comisiones. Las actuaciones se localizaban en el archipiélago canario.
El auto de apertura de juicio oral comprende delitos de cohecho, estafa, malversación, prevaricación, tráfico de influencias, delitos contra la Administración pública, falsedad, pertenencia a grupo criminal y blanqueo, entre otros.
El juicio se celebrará en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. También será juzgado el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, para quien la Fiscalía solicita dos años de prisión por colaborar con la trama y contribuir a dar apariencia de seriedad a sus ofertas.
La magistrada ha sentado asimismo en el banquillo a ocho empresarios que aceptaron pagar a la trama. Miguel Ángel Robayna cuenta con la atenuante de colaboración con la Justicia.
Entre los acusados se encuentran además dos cargos públicos para quienes se solicitan elevadas penas de inhabilitación, aunque no de prisión: Álvaro de la Bárcena Argany, exviceconsejero del Sector Primario del Gobierno de Canarias, y Estefanía Margarita González Núñez, que fue jefa de Servicio de la Dirección Técnica del Organismo Pagador.