El Agència Catalana de Consum (ACC), una entidad dedicada a la protección de los derechos de los consumidores, ha registrado un balance mixto al finalizar el año. Por un lado, se ha observado una disminución de los conflictos entre empresas y clientes, lo que indica que los esfuerzos de la agencia están dando sus frutos. Sin embargo, la lista de presuntos infractores sigue siendo la misma, con pocas variaciones en los sectores que más defraudan a los consumidores.
El balance anual fue presentado por Albert Castellanos Maduell, secretario de Empresa i Competitividad de la Generalitat de Catalunya, y Albert Melià Roset, director de la ACC. Destaca el incremento de sanciones por no ofrecer alquiler social a propietarios obligados por ley y las multas por violación de los derechos lingüísticos, es decir, cuando un producto no incluye el catalán en sus etiquetas o un restaurante no tiene menú en este idioma.
En 2023, Consum recibió un total de 7.200 denuncias y realizó 7.863 inspecciones. De estas, más de 1.000 resultaron en sanciones, acumulando multas por valor de 10,5 millones de euros. Estas cifras representan un aumento significativo en comparación con el año anterior, en gran parte debido a las sanciones relacionadas con el alquiler social. Este ha sido el primer año en el que el programa de colaboración con la Agència Catalana de l’Habitatge ha estado completamente operativo, lo que explica que casi un tercio de las sanciones, equivalentes a 3,3 millones de euros, estén relacionadas con este tema.
Un 5% del volumen total de las multas está vinculado a los derechos lingüísticos, una cifra que, aunque parezca secundaria, ha aumentado un 350% en comparación con 2022. Según Castellanos, este aumento se debe a «una mayor sensibilidad» y a que la agencia ha «puesto mayor celo». También enfatizó que este resultado es el producto de casos que pueden haber estado abiertos durante años.
La mayoría de las sanciones se dirigen a empresas que ofrecen servicios esenciales como inmobiliarias, proveedoras de luz y gas, entidades financieras, y compañías de transporte y telecomunicaciones. A pesar de que el número total de reclamaciones (casi 39.700) ha disminuido ligeramente en comparación con el año anterior, la lista de empresas más conflictivas sigue siendo la misma. Las empresas con mayor número de reclamaciones son: Endesa, Naturgy, Vueling, Orange, Vodafone, Iberdrola, Energia XXI, Edistribución, Ryanair y Caixabank.
Los sectores más problemáticos han sido los servicios de electricidad, luz y agua, la compraventa de bienes de consumo como textil, artículos informáticos y mobiliario, los centros de estética (debido al cierre repentino de varios de ellos) y los servicios de transporte, especialmente las aerolíneas.
Según Castellanos y Melià, la mayoría de los problemas provienen de desacuerdos con la facturación o cláusulas abusivas. En su última evaluación de la ACC en su formato actual, antes de las elecciones de mayo, concluyeron que la tendencia es «ligeramente positiva», gracias a su enfoque en las empresas de servicios básicos. Sin embargo, reconocieron que aún queda mucho por hacer, ya que la mayoría de las reclamaciones y sanciones aún provienen de estos sectores.