En un desarrollo significativo, el Departament de Territori del Govern y el Ministerio de Transportes han anunciado que llegaron a un acuerdo sobre el convenio para la N-260, también conocido como Eje Pirenaico. Esta iniciativa permitirá la realización de una inversión de 260 millones en los próximos nueve años en esta vía, utilizando la fórmula de encomienda de gestión.
La Generalitat ha informado que estos recursos facilitarán la mejora de la funcionalidad, la seguridad y la accesibilidad de esta carretera. La renovación de la N-260 se considera una «herramienta esencial de las políticas de arraigo y la culminación de una demanda histórica para la mejora de este eje viario». En términos prácticos, se rehabilitará el firme de la carretera y se llevarán a cabo otras actuaciones de mantenimiento, se mejorará la seguridad mediante nuevos elementos de conexión y se ejecutarán nuevas infraestructuras o acondicionamientos.
El acuerdo se basará en lo que ya se acordó mediante un protocolo el pasado mes de julio, con la adición de una comisión de seguimiento para coordinar y supervisar la ejecución. Las obras se acometerán por encomienda de gestión, una fórmula por la que el Ejecutivo central proporciona el financiamiento y la Generalitat lleva a cabo los trabajos. Este convenio de la N-260 se inscribe en las partidas pactadas por el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC para que el grupo independentista aprobara los últimos Presupuestos.
El borrador del acuerdo establece que la Generalitat licite y contrate los estudios y proyectos, quedando su aprobación reservada al Ministerio. Si al momento de la firma del convenio la redacción de los proyectos de cualquiera de las actuaciones ya se encontrara en ejecución por parte del Ministerio, este último completará la redacción hasta su aprobación definitiva, dejando en manos de la Generalitat la licitación, contratación, ejecución, seguimiento y supervisión de las obras y expropiaciones.
Es importante destacar que la ejecución de las actuaciones deberá cumplir con los parámetros establecidos en la normativa técnica vigente para la Red de Carreteras del Estado. Una vez finalizadas las obras y recibidas estas, se procederá a su transmisión por parte de la Generalitat de Catalunya al Estado.
Con este acuerdo, ya se ha comenzado el trámite de los cuatro convenios para mejorar la conectividad y potenciar la movilidad sostenible, descritos en el protocolo firmado por ambas administraciones en julio de 2023: el convenio del Maresme, con una inversión de 384 millones de euros; el convenio de Intercambiadores, con 36 millones de euros de inversión; el convenio de la AP-7 y la AP-2, con 250 millones de euros de inversión, y el convenio Eje Pirenaico para la ejecución del Plan de actuaciones en la N-260.
La inversión estimada para los cuatro convenios asciende a un máximo de 930 millones de euros, que serán financiados por el ministerio, ya sea directamente o a través de Adif. El objetivo global es desarrollar infraestructura viaria y ferroviaria y también mejorar la conectividad en las carreteras existentes, promoviendo la movilidad activa y sostenible con actuaciones de pacificación, carriles bici, eficiencia energética, entre otros.