Óscar Pierre, CEO de Glovo, se enfrenta a la justicia por presuntos delitos contra trabajadores
El próximo 16 de septiembre, Óscar Pierre, el fundador y consejero delegado de la empresa de reparto a domicilio Glovo, se verá obligado a comparecer ante la justicia. Se le acusa de un supuesto delito contra los trabajadores, y según informan fuentes conocedoras del caso, el juez instructor ha tomado esta decisión en respuesta a una denuncia de la Fiscalía de Barcelona.
El núcleo de la acusación es que Pierre ha empleado y continúa empleando a miles de repartidores como presuntos falsos autónomos en las principales ciudades de España, una práctica que la Fiscalía considera una falta penal. De acuerdo con el código penal, las penas por este tipo de delitos pueden oscilar entre los seis meses y los seis años de prisión.
La Fiscalía apoya sus acusaciones en las numerosas sentencias contrarias al modelo laboral de Glovo y las múltiples acciones que la Inspección de Trabajo ha estado realizando desde que la plataforma digital de reparto inició su actividad en España en 2015.
Glovo: Un enfrentamiento constante con la Inspección de Trabajo
Desde entonces, y según el último balance inspector, Glovo ha tenido que pagar un total de 253 millones de euros en concepto de multas y requerimientos. Además, la autoridad laboral ha regularizado a 40.889 repartidores que estaban ejerciendo como autónomos para la plataforma digital, cuando deberían haber tenido un contrato de asalariado.
La relación entre Glovo y el Ministerio de Trabajo ha sido tensa durante años. De hecho, el Gobierno llegó a aprobar una ley, conocida como ‘ley Rider’, para obligar a las empresas de reparto a contratar laboralmente a sus repartidores. Sin embargo, Glovo decidió no acatar esta ley para gran parte de su flota, que una vez entró en vigor la ley en agosto de 2021, siguió operando como autónomos.
El desafío de Glovo a la norma provocó que otras compañías del sector, como Uber, dieran marcha atrás en ese proceso de laboralización y volvieran a repartir mayoritariamente a través de flotas de autónomos. En consecuencia, el Ministerio de Trabajo ha concentrado sus esfuerzos inspectores en la firma de las mochilas amarillas.
Fuentes conocedoras del caso explican que una serie de nuevas acciones de inspección en las principales ciudades de España están a punto de cerrarse, lo que probablemente resultará en una nueva serie de sanciones millonarias para Glovo. En este contexto, se desarrolla la acción judicial que llevará a Pierre a comparecer ante el juez en septiembre.
La Fiscalía sostiene que Glovo impone a sus repartidores una «relación en apariencia mercantil que le permite reducir sus costes empresariales». Un repartidor autónomo debe costearse él mismo la cuota de autónomos con la Seguridad Social, así como el teléfono móvil que utiliza para conectarse a la aplicación y gestionar los pedidos, y la bicicleta o moto necesaria para repartirlos a tiempo. Además, si enferma o coge vacaciones, deja de ingresar.
En diciembre de 2022, el Gobierno impulsó una reforma del código penal, que tipificó específicamente el empleo reiterado de falsos autónomos como delito penal. Esta reforma, que fue vista en el sector del ‘delivery’ como un traje a medida para Glovo, ha endurecido las penas, que ahora incluyen penas de prisión de seis meses a seis años y multas de seis a doce meses.