El Banco de España ha sugerido una serie de reformas al impuesto a la banca, que el Gobierno de la coalición entre el PSOE y Sumar acordó readaptar y mantener en vigencia, a pesar de que inicialmente solo estaba destinado para un plazo de dos años. Las propuestas buscan eliminar los aspectos del impuesto que son considerados perjudiciales para el sector bancario, especialmente para aquellos bancos que se centran en conceder créditos a las pequeñas y medianas empresas (pymes).
El actual impuesto, que técnicamente se define como una «prestación patrimonial de carácter público no tributario», se calcula a partir de la suma del margen de intereses de las entidades – es decir, los intereses cobrados por los créditos menos los pagados por los depósitos – y las comisiones netas. Según el análisis del Banco de España, este esquema perjudica a los bancos que se centran en las pymes, ya que estos deben reservar mayores provisiones para hacer frente a futuras pérdidas debido al mayor riesgo de impago que presentan las pymes en comparación con los créditos hipotecarios.
Por tanto, una de las propuestas del Banco de España consiste en cambiar la base imponible del tributo, de modo que las provisiones se resten de la cifra de ingresos obtenida por la suma del margen de intereses y las comisiones. El objetivo no es reducir la recaudación que reciben las arcas públicas, sino eliminar la discriminación entre los diferentes modelos de negocio bancario.
Otra de las propuestas del organismo es que todas las entidades financieras con negocio en España estén obligadas a pagar el impuesto, y no solo las grandes. Actualmente, el impuesto solo se aplica a los bancos que obtuvieron una suma de intereses y comisiones en España igual o superior a 800 millones de euros en 2019, lo que ha dejado fuera a entidades como ING o las cajas rurales.
Además, el Banco de España ha sugerido que se elimine la prohibición de que el coste del impuesto pueda ser repercutido al cliente. En un reciente informe, el organismo señaló que no ha visto evidencias de que esta transferencia se haya producido, aunque también indicó que es muy difícil de comprobar.
El Banco de España ha defendido que se siga el modelo italiano en la reforma del impuesto. Según Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, si el Parlamento español decide mantener el impuesto de forma permanente, una forma de aliviar la preocupación que suscita para la estabilidad financiera podría ser permitir a los bancos deducir las aportaciones adicionales a reservas o a capital.
No obstante, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha descartado esta propuesta. Montero ha declarado que el objetivo del impuesto es que las entidades financieras contribuyan a la financiación de los servicios públicos, no a que puedan pasar mejor el test de estrés.
Por otro lado, Carlos Cuerpo, Ministro de Economía, ha sido más cauteloso y ha mencionado que se deben incorporar elementos adicionales de política económica antes de decidir si estas medidas deben ser permanentes o no. Cuerpo también ha subrayado la importancia de tener en cuenta las implicaciones que el cambio de ciclo de la política monetaria tendrá en las cuentas de las entidades, ya que el BCE tiene previsto comenzar a bajar los tipos oficiales en junio.
En respuesta a las propuestas del Banco de España, desde la banca se sostiene que Cuerpo se ha mostrado dispuesto a escuchar las opiniones del sector antes de extender el impuesto. Sin embargo, el sector también ha expresado sus dudas sobre si se llevará a cabo una negociación en este sentido. El sector bancario ha recurrido el impuesto en los tribunales y confía en que su extensión no salga adelante, debido a que el Gobierno necesita para ello el apoyo parlamentario de partidos conservadores como el PNV y Junts.