En medio de un acalorado debate en torno a la situación laboral de los trabajadores fijos discontinuos inactivos en España, el gobierno parece estar llegando a un punto muerto, con cada vez más resistencia a proporcionar estadísticas detalladas sobre el número de estos trabajadores que están desempleados y cuántos están recibiendo prestaciones por desempleo.
Este grupo de trabajadores inactivos, aunque no se incluyen en las cifras de paro registrado debido a que tienen un contrato en vigor, siguen siendo un tema de debate. Se sumergen entre las cifras de afiliación media, ya que estos trabajadores fijos discontinuos desempleados se descuentan de la lista de cotizantes a la Seguridad Social.
El primer indicio del número de trabajadores con este tipo de relación laboral en vigor, pero que están inactivos, se puede encontrar en el balance mensual de demandantes de empleo con relación laboral que registra el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Este grupo ya contaba con 662.881 personas en marzo de 2024, más del doble que en el año de introducción de la normativa laboral aprobada por el gobierno bajo la supervisión de la vicepresidenta Yolanda Díaz, hace dos años.
El SEPE proporcionó una segunda pista en respuesta al Partido Popular en el Senado a principios del año pasado. Reveló que en diciembre de 2022, había 443.078 trabajadores fijos discontinuos desempleados en nuestra nación, de los cuales 268.402 (algo más de la mitad) estaban recibiendo prestaciones por desempleo.
En respuesta a la presión de los partidos de la oposición para que el gobierno aclare estas estadísticas, así como de las principales casas de análisis económico que han acuñado el término «paro efectivo» en contraposición al «paro registrado», Yolanda Díaz intentó mitigar la controversia al referirse a las cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Díaz reveló en el Senado hace dos semanas que, según los datos del INE, nuestro mercado laboral tiene 55.300 personas con un contrato fijo discontinuo en fase de inactividad. Sin embargo, los datos del SEPE indican que al menos se están pagando 129.853 prestaciones por desempleo a desempleados provenientes de un contrato fijo discontinuo.
Ante la falta de claridad del gobierno sobre esta discrepancia, solo los secretarios de Estado de Trabajo y Seguridad Social, Joaquín Pérez Rey y Borja Suárez, se han pronunciado sobre este tema, asegurando que la cifra correcta es la del INE. Argumentan que son las comunidades autónomas las que recopilan los datos a través de sus servicios públicos de empleo, y que, al no distinguir entre trabajadores fijos discontinuos activos e inactivos, es un dato que no pueden proporcionar.
El director general del SEPE, Gerardo Gutiérrez Ardoy, defendió las cifras de la EPA durante un evento reciente, señalando que «los datos objetivos son los que ofrece la Encuesta de Población Activa, que son los datos homologables a cualquier sistema estadístico internacional». Además, destacó que de los más de 21 millones de afiliados, solo 800.000 son fijos discontinuos.
A pesar de las persistentes preguntas de los periodistas, Gutiérrez Ardoy insistió en que «hay que fijarse en la EPA, ahí no hay ni trampa ni cartón. Son los datos objetivos en un sistema de medición del desempleo homologable». Añadió que en el SEPE disponen de un «registro administrativo» que utilizan fundamentalmente para gestionar sus políticas activas de empleo, y concluyó que «la EPA es la homologable a nivel mundial».
En consonancia con esta postura, el secretario de Estado de Trabajo también subrayó que «el número de fijos discontinuos inactivos es un dato EPA», tras la publicación de las cifras de afiliación correspondientes al mes de marzo. Sin embargo, el Ministerio no ha logrado aclarar la discrepancia con respecto a la cifra de casi 130.000 prestaciones contributivas que revela el SEPE. Al explicar la diferencia, Pérez Rey afirmó que «las variables no son homogéneas, la comparación es imposible», y reiteró que la EPA es la fuente más fiable para analizar el mercado laboral español.