El gobernador del Banco de España (BdE), Pablo Hernández de Cos, ha letrado por un pacto de rentas plurianual en el marco del diálogo popular para eludir una espiral inflacionista.
«Sería deseable la firma de un pacto de rentas, en el marco del diálogo popular, que acuerde el reparto de costos entre las compañías y los trabajadores, de manera que, en grupo, todos ellos acepten una pérdida de renta real», aseguró a lo largo de su comparecencia frente a la Comisión de Capitales del Senado.
Frente a un ámbito económico adverso como el presente, marcado por la alta inflación, el gobernador piensa que, ajeno de la política monetaria, otras políticas económicas asimismo tienen que jugar un papel primordial.
«La evolución futura de nuestra economía está muy condicionada por el peligro de que se genere una realimentación de aumentos de costos y costos, que tendría efectos muy negativos sobre la competitividad exterior, lo que repercutiría en pérdidas auxiliares de empleo y desarrollo». Para evitarlo, De Cos cree que «es indispensable que los agentes económicos – principalmente, compañías y hogares, pero asimismo las Gestiones Públicas – interioricen la pérdida de renta que supone el encarecimiento de las materias primas importadas«.
En este sentido, se hace preciso un pacto de rentas, donde compañías y trabajadores acuerden comunicar la mengua de renta para la economía nacional que supone el incremento de los costes de las importaciones de materias primas. «El pacto debe eludir que las medidas sean de app exageradamente general. Además de esto, sería deseable eludir fórmulas de indiciación automática de los sueldos a la inflación pasada o de cláusulas de salvaguarda, para achicar el peligro de que se desencadene una realimentación entre los aumentos de los sueldos y los de los costes».
Al tiempo, según ha puntualizado De Cos, «el eventual pacto de rentas no puede ponerse un límite por año corriente, sino debería contemplar compromisos plurianuales referentes a los aumentos salariales y la evolución de los márgenes«.
POLÍTICA FISCAL
En lo relativo a la política fiscal, el gobernador del BdE ha incidido en que debe jugar un papel distinto al desempeñado a lo largo de la crisis del Covid y que «no sería deseable que generase un impulso importante sobre la demanda que pudiera poner en riesgo los objetivos de control de la inflación por la parte de la autoridad monetaria».
De la misma manera, ha subrayado que las medidas de acompañamiento de la política fiscal han de ser compatibles con la «ineludible pérdida de renta que ha supuesto para este país el aumento de los costos de la energía y, muy en especial, con el preciso pacto de rentas».
En lo que se refiere a las medidas de acompañamiento que tengan la posibilidad de adoptarse, estas deberían concentrarse en los hogares con rentas mucho más bajas y en las compañías mucho más atacables al encarecimiento de las materias primas. Para De Cos, estas medidas deberían tener una naturaleza temporal, «para no producir un aumento agregada del déficit público estructural».
RECOMENDACIONES DE POLÍTICA MONETARIA
La economía de españa se encara a un ámbito marcado por la alta inflación y la guerra de Ucrania, lo que ha causado que las proyecciones macroeconómicas estén rodeadas de un prominente nivel de incertidumbry también.
En este contexto, las primordiales sugerencias de política monetaria que ha traslado De Cos vienen marcadas por el hecho de que las políticas económicas «jueguen un papel primordial para enfrentar la situación de hoy mediante un pacto de rentas, unas políticas de oferta decididas, y un refuerzo del emprendimiento europeo».
En el campo rigurosamente presupuestario, ha considerado «que las medidas de estímulo que logren adoptarse tienen que focalizarse de forma exclusiva en los agentes mucho más atacables y ser de carácter temporal«. Paralelamente, «debe diseñarse y comenzar a ejecutarse ahora en 2023 un plan de consolidación fiscal que deje achicar la puerta de inseguridad de las cuentas públicas y reconstruir los márgenes fiscales» y hay que acompañar, además de esto, «de una revisión integral del gasto público y del sistema impositivo que optimize su eficacia y contribución al desarrollo económico».