La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha planteado objeciones relevantes al decreto con el que el Gobierno pretende regular los centros de datos en España. El organismo propone flexibilizar las obligaciones sobre energías renovables, ampliar determinados plazos y revisar las penalizaciones previstas, al considerar que el texto podría frenar inversiones.
El informe se produce en un momento en el que hay 66.900 millones de euros de inversión previstos para el sector. Fuentes empresariales aseguran que el interés de los inversores se ha reducido desde que se conoció el borrador y advierten de que tres proyectos podrían abandonar España si la norma sale adelante sin modificaciones.
Riesgo para proyectos con permisos ya concedidos
Representantes del sector indican que las conversaciones con potenciales inversores se han ralentizado tras la difusión del proyecto normativo. La CNMC, además, alerta de la situación de las iniciativas que ya disponen de permisos eléctricos: el decreto contempla que estos puedan caducar si las instalaciones no están conectadas a la red y no demuestran el cumplimiento de las nuevas condiciones en un plazo de seis meses.
El Ejecutivo acelera la aprobación de la norma para situarla entre finales de octubre y principios de noviembre, antes de las elecciones generales del día 29. Aunque el Gobierno prepara cambios en el texto, los promotores cuestionan que exista tiempo suficiente para incorporarlos. Sobre la mesa figuran más de 600 alegaciones, las observaciones de Competencia y el trámite aún pendiente ante el Consejo de Estado antes de que el decreto regrese al Consejo de Ministros.
La rapidez responde también a los compromisos adquiridos por España para recibir el último desembolso de los fondos europeos. Mientras Moncloa mantiene el calendario, las empresas reclaman una revisión profunda que elimine la incertidumbre sobre las inversiones comprometidas.
La exigencia del 80% de renovables, principal foco de discrepancia
El mayor conflicto se concentra en el ámbito energético. El proyecto obliga a los centros de datos a cubrir el 80% de su consumo mediante nueva generación renovable y establece una correspondencia horaria también del 80% entre la electricidad consumida y la producida.
La CNMC advierte de que esas condiciones pueden elevar los costes y propiciar inversiones innecesarias en parques renovables y baterías. El organismo recuerda que España contabilizó cerca de 600 horas con precios negativos durante las horas solares en el primer semestre de 2026.
Propuesta de cumplimiento gradual hasta 2030
Competencia plantea reducir el porcentaje inicial de renovables adicionales o aplicar el requisito de forma progresiva hasta 2030. También propone considerar cumplida la correlación horaria cuando el precio de la electricidad sea de 20 euros por megavatio hora o inferior, cuando las emisiones sean bajas o cuando existan excedentes renovables.
Asimismo, solicita que se reconozcan el almacenamiento independiente, la gestión de la demanda y las ampliaciones de parques ya existentes. Su planteamiento es que no resulta justificado exigir nueva capacidad de generación si el sistema dispone de electricidad excedentaria.
Plazos, contratos y penalizaciones
Los plazos previstos constituyen otro de los puntos cuestionados. El decreto concede seis meses a los centros de datos que tienen permisos de acceso y conexión, pero que todavía no se han conectado a la red, para ajustarse a las nuevas exigencias. Si no lo hacen, perderían esos derechos.
La CNMC reclama un régimen transitorio para proteger los proyectos en fases avanzadas y evitar que se penalicen retrasos que no dependan de los promotores. También pone en duda que las instalaciones renovables vinculadas a los centros de datos puedan tener una antigüedad máxima de 18 meses. Como alternativa, sugiere tomar como referencia los 36 meses previstos en la normativa europea sobre combustibles renovables.
El regulador considera igualmente insuficiente el plazo de 20 días establecido para la entrada en vigor del decreto.
Respecto a las sanciones, el Gobierno contempla recargos de hasta el 500% sobre peajes y cargos eléctricos ante determinados incumplimientos. La CNMC rechaza ese modelo y plantea que las penalizaciones se vinculen al coste efectivo generado para el sistema, tomando como posible referencia los futuros mecanismos de capacidad.
El informe también solicita una mayor flexibilidad en los contratos de compra de electricidad renovable (PPA). El borrador exige acuerdos de al menos diez años, formalizados mediante escritura pública antes de solicitar el acceso a la red. Competencia advierte de que estas condiciones limitan a los promotores y encarecen un eventual cambio de proveedor. Por ello, propone permitir contratos conjuntos, sustituir plantas renovables por otras equivalentes y utilizar las garantías oficiales de origen.
Refrigeración, competencias y presión sobre la red
La CNMC cuestiona asimismo los requisitos de refrigeración. El Ejecutivo fija de manera simultánea un indicador de eficiencia energética, PUE de 1,15, y otro de consumo de agua, WUE de 0,1. Según el organismo, ambos objetivos pueden entrar en contradicción, ya que ahorrar agua puede requerir un mayor uso de electricidad y viceversa.
Ante la escasez de agua en España, Competencia propone priorizar el ahorro hídrico, diferenciar entre agua potable y regenerada y flexibilizar los parámetros energéticos durante la puesta en marcha de las instalaciones.
El regulador también rechaza que los gestores de red evalúen requisitos de sostenibilidad o soberanía digital. Recuerda que le corresponde regular las condiciones de acceso y conexión, incluidas las causas que pueden llevar a la pérdida de permisos. Además, pide proteger la información comercial sensible de los operadores y devolver los pagos por reserva de capacidad cuando un promotor renuncie a sus permisos sin que exista penalización.
Más de 70 GW entre permisos y solicitudes pendientes
La disputa se desarrolla en un contexto de elevada demanda de conexión eléctrica. Según la CNMC, los centros de datos suman aproximadamente 12 GW con permisos concedidos, otros 27 GW pendientes y más de 32 GW en solicitudes denegadas.
El organismo comparte la preocupación del Gobierno por la presión que esta demanda puede ejercer sobre la red, pero reclama evitar inversiones sobredimensionadas y que los refuerzos específicos necesarios para determinados proyectos sean asumidos finalmente por el conjunto de los consumidores.
El Gobierno encara así la fase final de la tramitación del decreto con la CNMC pidiendo modificaciones sustanciales, tres proyectos que amenazan con abandonar el país y un sector crítico tanto con las obligaciones previstas como con la urgencia para aprobar la norma.