Telefónica: Transformación de Accionariado en medio de las Ambiciones de Arabia Saudí y la Consolidación Local

La dinámica del accionariado de la telecomunicadora española Telefónica está a punto de experimentar una revolución. El Gobierno español ha cumplido su objetivo de controlar el 10% de la empresa mediante el holding estatal SEPI en un intento por contrarrestar la entrada de Arabia Saudí en el capital de la empresa. Mientras tanto, la operadora Saudi Telecom, propiedad de Arabia Saudí, mantiene su ambición de alcanzar hasta un 9,9% de participación en la compañía española.

Simultáneamente, Criteria, el brazo inversor de la Fundación LaCaixa, aspira a elevar su participación actual en Telefónica para lograr un 10% del capital. Esta fundación ya incrementó su participación en abril de la participación del 2,69% que tenía en la operadora hasta el 5%. Con la última reducción de capital de Telefónica, este porcentaje ha subido ligeramente hasta cerca del 5,078%. Criteria ha confirmado ahora su intención de duplicar su participación hasta llegar al 10%, creando así un nuevo núcleo de socios españoles en Telefónica junto al Gobierno y al BBVA, que controla un 4,87%.

La Estrategia de Criteria y LaCaixa

LaCaixa, a través de CaixaBank -del que Criteria es el máximo accionista-, posee un paquete adicional del 2,5%. Se prevé que la participación de CaixaBank se reduzca con el tiempo, pero no se están considerando las ventas de esta participación a Criteria, de acuerdo con fuentes del mercado. Los planes de Criteria se centran en aumentar su presencia en Telefónica mediante compras en el mercado de valores. Si CaixaBank decide diluir su participación en la teleco, también lo hará mediante ventas en el mercado.

Estos cambios proporcionarán a Telefónica un nuevo y fortalecido grupo de accionistas españoles (Gobierno, CriteriaCaixa y BBVA), que planean controlar alrededor del 25% del capital. Este movimiento se ha diseñado para neutralizar la entrada de Arabia Saudí y proteger un grupo que se considera estratégico para los intereses nacionales debido a su relación con la defensa y la seguridad nacionales, así como su papel crucial en la digitalización del país.

Saudi Telecom (STC), la teleco controlada por el Estado saudí, anunció en septiembre la adquisición de un 4,9% de las acciones de Telefónica y otro 5% adicional de manera indirecta mediante derivados financieros. A pesar del acuerdo entre el Gobierno español y Criteria, Arabia Saudí pretende continuar con su plan de crecer en el capital de Telefónica y mantener su objetivo de controlar casi el 10% de la compañía española.

La Entrada de Arabia Saudí al Capital de Telefónica

Curiosamente, Arabia Saudí actualmente controla más del 10% del capital de Telefónica, el 10,04%, para ser precisos. Esto se debe a que la reciente reducción de capital llevada a cabo por la teleco española ha hecho que el porcentaje de participaciones accionariales de cada socio haya crecido automáticamente.

La legislación aprobada por el Gobierno durante la pandemia para controlar la entrada de inversores extranjeros en empresas estratégicas nacionales, también conocida como el ‘escudo antiopas’, establece la necesidad de solicitar la autorización del Ejecutivo al superar el 10% del capital. Sin embargo, este límite se reduce al 5% en el caso de empresas vinculadas con la defensa y la seguridad nacional, como es el caso de Telefónica debido a sus contratos con las Fuerzas Armadas y su gestión de los datos del Gobierno.

Arabia Saudí tiene que pedir autorización expresa al Gobierno español, a través del Ministerio de Defensa, para superar la cota del 5% o para tener representación en el consejo de administración de la compañía. Arabia Saudí se enfrenta a un nuevo escenario si quisiera ejecutar todas las acciones que maneja mediante derivados financieros. En ese caso, se abriría otro proceso de autorización, esta vez a través del Ministerio de Economía, para poder superar el 10% en la operadora. Fuentes del mercado anticipan que Arabia Saudí optará por no ejecutar todos los derivados ahora en sus manos para no superar así el 10% y evitar complicaciones adicionales en el proceso de autorización de las autoridades españolas.