El desacuerdo en el Ayuntamiento de Burgos sobre la propuesta de Vox para detectar «empadronamientos ilegales de inmigrantes irregulares»
La propuesta de Vox en el Ayuntamiento de Burgos para identificar «empadronamientos ilegales de inmigrantes irregulares» ha generado tensiones con la alcaldesa, Cristina Ayala (PP), quien ha intentado distanciarse de la iniciativa. Ayala ha declarado que ni el Grupo Popular ni ella misma están de acuerdo con la propuesta.
Según la alcaldesa, la iniciativa, lanzada por el vicealcalde Fernando Martínez-Acitores y el concejal de Seguridad Ciudadana, Ignacio Peña, ambos de Vox, tiene «matices electoralistas». Ambos ediles presentaron su propuesta como si ya hubiera sido aprobada por el Ayuntamiento, lo que ha generado cierto malestar. Ayala ha aclarado que el asunto será discutido en la reunión de coordinación del próximo martes.
La propuesta de Vox incluye «inspecciones periódicas» y «visitas domiciliarias» para verificar la información de empadronamiento y detectar posibles casos de empadronamiento ilegal. También se pretende abrir un canal de «denuncias anónimas» para que los ciudadanos puedan reportar este tipo de irregularidades. Sin embargo, la alcaldesa ha subrayado que estas competencias corresponden a la Policía Nacional y no a la Policía Local.
Reacciones a la propuesta de Vox
El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha expresado su «completo desacuerdo» con la propuesta de Vox. Sen ha calificado la iniciativa como una posible «intromisión» del Ayuntamiento de Burgos en competencias que corresponden a la Policía Nacional y no a la Policía Local. Además, Sen ha categorizado la propuesta como «completamente xenófoba».
El portavoz municipal socialista, Daniel de la Rosa, ha pedido a la alcaldesa que «desautorice con claridad» la propuesta de Vox. De la Rosa ha señalado que el padrón de habitantes es un registro obligatorio, independientemente del estatus jurídico de cada persona, y que la propuesta de Vox supondría criminalizar a personas por su raza u origen, lo que está tipificado como un delito de xenofobia.
Por otro lado, el presidente provincial del PP de Burgos, Borja Suárez, ha pedido que no se convierta la propuesta de Vox en una «causa general». Suárez ha defendido el acuerdo de Gobierno PP-Vox en el Ayuntamiento de Burgos y ha afirmado que está generando políticas importantes para la ciudad.
Finalmente, CCOO Burgos ha calificado la política de Vox como «persecutoria e intimidatoria desde una raíz xenófoba». A través de un comunicado, la organización ha expresado su «más profundo rechazo» a la propuesta.
La situación en el Ayuntamiento de Burgos pone de manifiesto las tensiones que pueden surgir cuando se trata de temas de inmigración y empadronamiento. Mientras que algunos ven la propuesta de Vox como una medida necesaria para combatir el empadronamiento ilegal, otros la ven como una forma de criminalización y xenofobia. Sin duda, este es un tema que seguirá generando debate en el futuro.