El informe de las Naciones Unidas, elaborado por el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Fabian Salvioli, la presidenta del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Aua Baldé, y el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz, ha causado un gran revuelo en las comunidades autónomas de España. Este documento insta al Gobierno de España a tomar las medidas necesarias para preservar la memoria histórica frente a las leyes de concordia que el Partido Popular (PP) y Vox han sacado adelante en algunas de las comunidades autónomas que dirigen.
El informe argumenta que las leyes autonómicas, que derogan la Ley de Memoria Democrática aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en octubre de 2022, pueden invisivilizar las graves violaciones de los Derechos Humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista. Esta conclusión ha causado controversia entre los presidentes autonómicos afectados: Castilla y León, Aragón y la Comunidad Valenciana.
El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha respondido con cautela, reivindicando que tratar bien a las víctimas, a todas sin distinción, es una prioridad política en su región. En su visita al Mercado Central y la zona comercial de Reus, Mañueco expresó que esa es su principal preocupación.
Su vicepresidente, Juan García-Gallardo, ha sido más confrontacional, cuestionando la familiaridad de los relatores con la legislación española y el contenido real de estas leyes. García-Gallardo defiende que es de justicia tratar de manera neutral a todas las víctimas, y que nada, ni siquiera la ONU, les moverá de esa postura.
El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, también ha mostrado su desacuerdo con el informe. Mazón ha defendido que desde que asumió el cargo ha iniciado 422 exhumaciones de víctimas de la dictadura franquista y que la nueva ley de la concordia consolida todavía más sus derechos.
El líder del PP valenciano ha aclarado que sólo conoce la filtración del documento, del que no tiene constancia oficial. Según Mazón, la norma impulsada por su partido y Vox no solo consolida los derechos de las víctimas de la dictadura franquista, sino también las de las víctimas de toda violencia política que también ha habido en España.
Por último, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado que el informe contiene errores de bulto y bulos. Azcón ha expresado su desconcierto al haber conocido el escrito por los medios de comunicación, algo que considera muy difícil de explicar.
Azcón ha negado la existencia de una ley alternativa y ha anunciado un plan de concordia en el que todo el mundo pueda verse reflejado. El líder aragonés ha criticado la falta de seriedad del informe, alegando que deja en mal lugar a la ONU, que no ha querido tener la información de todas las partes.
Este informe de las Naciones Unidas ha evidenciado las tensiones que existen en España en torno a las leyes de memoria histórica y concordia, y ha generado un intenso debate sobre cómo deben ser tratadas las víctimas de la dictadura franquista. Mientras el Gobierno español y la ONU abogan por la preservación de la memoria histórica, los presidentes autonómicos de las comunidades gobernadas por el PP y Vox defienden sus leyes de concordia y la neutralidad en el trato a todas las víctimas.