En un giro de acontecimientos, el Gobierno ha retrocedido en su decisión y ha puesto en pausa el proceso legal que había iniciado para aplicar un significativo aumento de casi el 40% de la tasa que las centrales nucleares pagan para costear los multimillonarios gastos de desmantelamiento de todos los reactores nucleares, la construcción de siete cementerios nucleares y la gestión de residuos radiactivos durante décadas.
La noticia del incremento propuesto había provocado una fuerte reacción de las grandes empresas de energía eléctrica dueñas de las centrales nucleares, tales como Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP. Estas compañías habían presentado vehementes objeciones y habían iniciado una batalla legal en el Tribunal Supremo contra el nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) aprobado por el Gobierno.
El Ministerio para la Transición Ecológica, liderado por la vicepresidenta Teresa Ribera, ha decidido detener el procedimiento que se había iniciado para aplicar el aumento del 39,5% de la tasa que las centrales nucleares pagan a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa). Las fuentes oficiales gubernamentales y varias del sector energético confirmaron que se ha decidido archivar el texto propuesto de real decreto que contemplaba el incremento de la tasa a las centrales nucleares y comenzar de cero un nuevo proceso, esta vez sin incluir una propuesta concreta de aumento de las tasas de manera anticipada.
De acuerdo a las fuentes gubernamentales y del sector energético, el Gobierno ha cerrado y archivado el proceso de audiencia pública del real decreto ya redactado, y ha abierto un nuevo proceso de consulta pública previa. Esto permitirá al sector dar su opinión sobre cómo legislar en torno al aumento necesario de las tasas, pero esta vez sin especificar previamente el incremento.
El anterior proceso de audiencia pública expiró el pasado 2 de febrero, pero el Gobierno concedió más tiempo de manera excepcional a la patronal Foro Nuclear, que incluye a las grandes eléctricas, hasta el 26 de febrero. Ahora, el Gobierno ha iniciado de nuevo un proceso de consulta pública previa que no presupone la cuantía de la subida en concreto. Las empresas del sector y cualquier actor interesado podrán enviar observaciones hasta el próximo 18 de marzo sobre cómo y cuánto subir la tasa de Enresa.
El Ministerio para la Transición Ecológica había activado en enero pasado el proceso para aprobar un incremento de la prestación patrimonial que pagan las compañías eléctricas hasta los 11,14 euros por cada megavatio hora (MWh) de electricidad producida por las centrales nucleares. Este incremento representaba un aumento del 39,5% sobre los 7,98 euros por MWh que se aplican actualmente.
Las centrales nucleares pagan a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) una prestación patrimonial no tributaria, que es la denominación correcta de este gravamen, en función de la electricidad que produce cada una de ellas. En total, dependiendo del volumen final de electricidad anual, las compañías eléctricas propietarias de las centrales nucleares están pagando alrededor de 450 millones de euros anuales de media al fondo que financia el plan de residuos radiactivos.
El aumento propuesto por el Gobierno hasta ahora habría disparado los pagos que las centrales nucleares realizan cada año sólo por esta tasa hasta cerca de los 630 millones de euros, 180 millones más que los pagos actuales. Este fuerte incremento estaba causando un choque directo entre el Gobierno y las grandes eléctricas, que llevan años quejándose de que la fiscalidad excesiva que soportan las centrales nucleares pone en peligro su viabilidad económica.
Las centrales nucleares denunciaban que la suma de todos los impuestos y tasas les obligaba a pagar unos 25 euros por MWh producido, lo que suponía entre el 35 y 40% de los ingresos de las centrales. Con la propuesta de subida de la tasa Enresa, este coste se elevaría hasta los 28 euros por MWh. Según cálculos recogidos en un informe de la consultora PWC, las nucleares se verían forzadas a pagar en total 1.566 millones de euros cada año entre impuestos y la subida de la ‘tasa Enresa’.
El plan original del Ministerio para la Transición Ecológica contemplaba una subida de la tasa del 39,5% para cubrir los sobrecostes de 2.000 millones de euros del nuevo plan gubernamental de residuos nucleares. Esto venía después de aplicar en 2019 otra subida de casi el 20%. La subida de la tasa que estaba preparando el Gobierno era consecuencia del nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), aprobado en diciembre por el Consejo de Ministros.
El nuevo PGRR confirma el cierre escalonado de todas las centrales nucleares españolas entre 2027 y 2035 hasta llegar al apagón total. Contempla la construcción de siete almacenes de residuos radiactivos en España, uno en cada una de las centrales, para guardarlos de manera temporal durante cinco décadas. Además, el plan prevé la futura construcción de un enorme almacén definitivo para el año 2073 y calcula una factura total aún por pagar por las centrales en activo de 20.200 millones de euros.
El Foro Nuclear, la patronal del sector en la que se integran Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP, ha presentado recursos ante el Tribunal Supremo contra el nuevo PGRR aprobado por el Gobierno y contra la decisión del Ejecutivo de dar por terminado definitivamente el proyecto de tener un único almacén en Villar de Cañas (Cuenca).
Las compañías eléctricas consideran que el nuevo plan de residuos y el fin del proyecto de un solo almacén nuclear son las causas que han motivado al Gobierno a proponer un aumento en la tasa del 40%. Se niegan a asumir los sobrecostes multimillonarios de unas decisiones que, según ellas, se deben a la falta de consenso político e institucional sobre dónde ubicar un único almacén temporal y que no son imputables a las empresas.