La Comunidad de Madrid, una de las comunidades gobernadas por el Partido Popular, ha mostrado su preocupación tras participar en la reciente conferencia sectorial de Tenerife. La conferencia, que se centró en el tema de la distribución de menores extranjeros no acompañados (menas) y la reforma de la ley de Extranjería, dejó a la comunidad madrileña con una inquietud creciente. Aunque Madrid aprobó el traslado de 347 menores inmigrantes desde Canarias y Ceuta a diferentes regiones, resultando en 30 de ellos reubicados en Madrid, la reforma de la ley de Extranjería propuesta por el Gobierno de Sánchez ha levantado sospechas de posibles inconstitucionalidades.
Preocupación por una posible «invasión de competencias»
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, quien asistió a la conferencia sectorial a través de una videoconferencia, expresó su preocupación sobre la propuesta del Ejecutivo nacional. Esta propuesta, que busca hacer obligatoria la distribución de menores extranjeros no acompañados, podría amenazar las competencias autonómicas. Dávila prometió un seguimiento de la tramitación de la ley para verificar su desenlace y estudiar las medidas jurídicas pertinentes.
La Comunidad de Madrid, amparándose en el Estatuto de Autonomía de la región, argumenta que tiene la competencia exclusiva en la tutela y protección de los menores no acompañados. Según la Comunidad, no debería haber ninguna interferencia o imposición del Gobierno de la Nación en este ámbito.
El gobierno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha decidido esperar hasta que la propuesta de Sánchez sea registrada en el Congreso para poder analizar el texto definitivo con detenimiento. A pesar de que la propuesta fue presentada solo 24 horas antes de la conferencia sectorial, el gobierno madrileño ha decidido mantenerse cauteloso y esperar posibles enmiendas y la redacción final de la ley. Sin embargo, si la ley se mantiene en su forma actual, la Comunidad de Madrid no descarta un posible recurso ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias.
Demandas de financiación
Además de la preocupación legal, la Comunidad de Madrid también demanda una mayor financiación por parte del Gobierno de Sánchez para poder manejar el incremento de inmigrantes irregulares, incluyendo menores no acompañados. Durante este año, la Comunidad de Madrid ha atendido a más de 1,200 menores extranjeros no acompañados, un número considerablemente mayor al previsto por el Gobierno. Aunque el acuerdo de la conferencia sectorial contempla la reubicación de 30 menores en Madrid, la Comunidad considera insuficiente la financiación aportada por el Gobierno de la Nación.
Este año, el presupuesto de la Comunidad de Madrid para atender a todos los menores inmigrantes es de 40 millones de euros. Sin embargo, la financiación comprometida por el Gobierno de la Nación se limita a 1,4 millones, destinados a atender a los 34 menores que estaba acordado que llegaran a la Comunidad de Madrid. Esta disparidad en la financiación, sumada a la inquietud por la posible invasión de competencias, ha dejado a la Comunidad de Madrid en un estado de alerta y preocupación.