Vox deja solo al PP y le obliga a apoyarse en la izquierda para poder subir el sueldo a los empleados públicos valencianos

El PSOE y Compromís han mostrado su apoyo al reciente decreto ley del Consell, en medio de un mar de críticas y controversias. Este decreto, que trae consigo un incremento retributivo para los altos cargos, ha provocado una notable división en el seno de la política valenciana. Mientras los partidos de la coalición gobernante defienden la medida, Vox la rechaza categóricamente, argumentando que supone un gasto innecesario en tiempos de austeridad.

Incremento de retribuciones: ¿necesidad o despilfarro?

El **decreto ley**, que fue presentado por el **Consell**, plantea una **revisión salarial** para los altos cargos de la administración. Según el portavoz del **PSOE**, esta medida es crucial para **garantizar la competitividad** y atraer talento a la administración pública. «Es imperativo que nuestros altos funcionarios reciban salarios acorde a sus responsabilidades y al mercado», señaló.

Por su parte, **Compromís** ha defendido la medida como un paso hacia la **dignificación de la función pública**. Argumentan que, para mantener una administración eficiente y competente, es esencial que los altos cargos estén bien remunerados. «No podemos esperar que los mejores profesionales trabajen por sueldos que no se corresponden con el nivel de responsabilidad que manejan», afirmó un representante de la formación.

Vox, en cambio, ha levantado la voz en contra del **incremento salarial**. Según su portavoz, esta medida es un claro **ejemplo de despilfarro** y una falta de respeto hacia los ciudadanos que están sufriendo las consecuencias de la crisis económica. «Estamos en un momento en el que hay que ser responsables y austeros. No podemos permitirnos estos lujos», declaró.

El **debate parlamentario** sobre el decreto fue intenso. Los **diputados de Vox** no dudaron en criticar duramente la propuesta, señalando que el **gasto público** debe centrarse en áreas más esenciales como la **sanidad** y la **educación**. «Es inaceptable que se destinen recursos a aumentar los salarios de los altos cargos mientras hay ciudadanos que no llegan a fin de mes», argumentaron.

Por otro lado, desde el **PSOE** se ha insistido en que esta medida no solo es justa, sino necesaria para garantizar una administración eficiente. «No se trata de un capricho, sino de una inversión en el buen funcionamiento de nuestras instituciones», señalaron desde el partido.

**Compromís** ha resaltado la importancia de valorar el trabajo de los **funcionarios públicos**. «Es fundamental que aquellos que tienen la responsabilidad de tomar decisiones importantes para nuestra comunidad estén bien remunerados. De lo contrario, corremos el riesgo de perder a los mejores profesionales», advirtieron.

El **decreto ley** también ha sido objeto de críticas desde otros sectores de la sociedad. Algunos **sindicatos** han mostrado su desacuerdo, argumentando que hay otras prioridades más urgentes. «No estamos en contra de que se mejoren las condiciones de los altos cargos, pero creemos que hay otras áreas que necesitan atención inmediata», manifestó un representante sindical.

A pesar de las críticas, el **PSOE** y **Compromís** han reiterado su compromiso con la medida. «Entendemos que no todos estarán de acuerdo, pero creemos firmemente que es lo correcto para el futuro de nuestra administración», concluyeron.

En medio de esta polémica, la **oposición** ha aprovechado para cuestionar la gestión del **Consell**. «Es evidente que no tienen prioridades claras. Están más preocupados por aumentar los salarios de sus altos cargos que por resolver los problemas reales de los ciudadanos», afirmaron desde **Vox**.

El **decreto ley del Consell** es solo uno de los muchos temas que dividen actualmente a los partidos políticos en la Comunidad Valenciana. Mientras algunos ven en esta medida una forma de asegurar una administración pública eficaz, otros lo consideran un gasto innecesario en tiempos de crisis. El debate continúa y, con él, la tensión entre los diferentes actores políticos.