La Ocupación Ilegal de Viviendas: Un Fantasma que Asusta a Propietarios y Extraños

El problema de la ocupación ilegal de viviendas es un asunto que en los últimos años ha ido tomando protagonismo en la agenda social y política de muchos países, entre ellos España. Este fenómeno, que consiste en que individuos ingresan y se instalan en una vivienda sin el consentimiento del propietario, genera conflictos legales y sociales de gran envergadura, convirtiéndolo en un tema altamente controvertido.

Para algunos, la ocupación ilegal es un problema candente, mientras que otros perciben este fenómeno como una situación esporádica que solo se utiliza para alimentar ciertos intereses políticos. Sin embargo, independientemente de la postura que se adopte, lo cierto es que la ocupación ilegal de viviendas es un fenómeno que genera preocupación y cuya solución sigue siendo un reto para las autoridades competentes.

Ante esta situación, el magistrado del Tribunal Supremo y expresidente de la Audiencia de Alicante, Vicente Magro, ha decidido aportar su granito de arena a través de su obra ‘Guía práctica sobre soluciones ante la okupación de bienes inmuebles’. Este manual práctico reúne 207 preguntas y respuestas que buscan resolver las dudas que puedan surgir a la hora de enfrentar una denuncia o demanda de ocupación ilegal.

Víctimas de Ocupación

En la obra de Magro se destaca la urgencia de brindar una respuesta efectiva a los ciudadanos que son víctimas de una ocupación ilegal. El magistrado aporta diversas soluciones desde el punto de vista del derecho penal y civil, y aboga por una unificación de criterios. Su objetivo es proporcionar herramientas que permitan a los profesionales del derecho afrontar de manera más efectiva el problema de la ocupación ilegal.

«Actualmente, este es uno de los temas que más preocupa a la sociedad española. Las cifras son realmente preocupantes. Los últimos datos muestran que se ocupan unas 40 viviendas al día y las cifras anuales giran en torno a 15.000 ocupaciones al año», explica el magistrado.

En cuanto a las soluciones judiciales que se plantean, Magro considera que el sistema actual tiene problemas para dar una respuesta legal efectiva a este fenómeno.

El Aumento de las «Okupaciones»

En los últimos años, el número de denuncias por «okupaciones» ha aumentado considerablemente. Pasó de 9.998 en 2016 a 17.224 en 2021, alcanzando así el nivel más alto en la historia de España. Por su parte, en 2022, la ocupación ilegal registró una pequeña disminución con respecto a los años anteriores, con un total de 16.726 denuncias, lo que representa una caída del 3,2%.

Estos números revelan la magnitud del problema y subrayan la necesidad de actualizar la jurisprudencia para hacer frente a los retos legales actuales. La obra de Magro está actualizada a la más reciente jurisprudencia y a las Instrucciones de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Estado de Seguridad para unificar criterios de actuación.

La Autoprotección como Solución

Una de las soluciones que se plantea en la obra de Magro es la autoprotección. Según el magistrado, muchos ciudadanos viven con el temor de que su casa sea ocupada mientras ellos están de viaje. Para prevenir esto, Magro sugiere adoptar medidas de autoprotección comunitaria. «Las comunidades de propietarios están llevando a cabo una especie de autodisciplina que consiste en estar atentos y, si ven que alguna persona está descerrajando una cerradura o entrando en una casa y saben que no es el propietario, automáticamente llaman a la policía para que pueda entrar y sacarlos», explica.

La intervención oportuna de la policía favorece el desalojo de los ocupantes ilegales, ya que se trata de un delito flagrante, es decir, el autor de los hechos es sorprendido durante la comisión del delito, o bien inmediatamente después de haberlo cometido. En estos casos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen competencias para expulsar de manera inmediata a los delincuentes y evitar la prolongación del delito.

Denunciar la Ocupación

En caso de que la casa haya sido ocupada durante más tiempo, el propietario debe acudir a presentar una denuncia. En esta situación, es importante considerar el factor de la vulnerabilidad de las personas ocupantes. Para Magro, este es un problema que se debe resolver desde la Administración, pero no a costa de los propietarios de las viviendas.

La Ley de Vivienda en el Punto de Mira

Magro critica la actual Ley de vivienda, que regula aspectos relacionados con el acceso a la vivienda, los alquileres, la propiedad inmobiliaria, los desahucios y la protección de los inquilinos, entre otros temas. Según el magistrado, esta ley no regula adecuadamente la ocupación ilegal y considera que es una prioridad absoluta.

Por ello, Magro aboga por la adopción de una ley integral que dé respuesta a todos los problemas que surgen en este caso, incluyendo la expulsión inmediata y la agilidad por parte de la Administración Pública para realojar a estas personas en una vivienda social, especialmente en el caso de que tengan menores a su cargo. Sin embargo, para ello, sería necesario fomentar la construcción de vivienda social, un aspecto en el que aún queda mucho por hacer.