La creciente problemática de la ocupación ilegal de inmuebles en España, conocida localmente como ‘okupación’, es una situación a la que se enfrentan numerosos propietarios. Los okupas, o aquellos que toman posesión de una propiedad sin el consentimiento del propietario, a menudo adoptan estrategias y tácticas diseñadas para presentarse como vulnerables. Esta percepción de vulnerabilidad a menudo impide que la Policía o la justicia intervengan de manera inmediata.
El magistrado del Tribunal Supremo Vicente Magro ha abordado este problema en su libro recién publicado ‘Cómo afrontar jurídicamente la ocupación ilegal de un inmueble’. En su obra, Magro presenta una guía sobre cómo enfrentar lo que describe como «uno de los más graves problemas que existen en la actualidad». En su opinión, este fenómeno se ha perpetuado en el tiempo sin que se hayan adoptado medidas para combatirlo, dando lugar a una sensación de impunidad generalizada.
La ocupación ilegal: Un problema único de España
Magro sostiene que la Ley de Vivienda española ha perdido una gran oportunidad para resolver un problema que es exclusivo de España dentro del contexto europeo. Según el magistrado, la situación en países como Italia, Francia, Alemania, Hoanda o Bélgica es bastante diferente. En estos países, muchos casos de ocupación ilegal se resuelven en un lapso de 72 horas, un tiempo de respuesta que Magro considera adecuado.
En su libro, Magro aborda cómo desalojar a los okupas, enfocándose específicamente en los inquiokupas. Este término se refiere a las personas a las que se les alquila un piso y, tras dejar de pagar la renta, se niegan a abandonar la propiedad. Estos casos, explica el magistrado, no suelen considerarse okupación, sino impago de renta, y por lo general se manejan a través de la vía civil.
Magro proporciona una solución para desalojar a los inquiokupas sin tener que esperar años a que el caso sea resuelto. Sugiere presentar una denuncia por la vía penal, lo cual permitiría solicitar medidas cautelares, como la expulsión inmediata de los inquilinos que viven en el inmueble sin pagar. «Si yo a una persona le pago la fianza, le pago el primer mes y el segundo dejo de pagar, desde mi punto de vista es una estafa», argumenta Magro.
El papel de la vulnerabilidad en la ocupación ilegal
Otro factor que contribuye a la lentitud de los procesos de denuncia de okupación es el hecho de que los inquilinos ilegales a menudo se acogen a informes de vulnerabilidad. Según Magro, esto debería investigarse más a fondo. «La Ley debería establecer un filtro de averiguación y no darla por supuesta», expone el magistrado. Señala que muchos propietarios denuncian que los Servicios Sociales otorgan el estatus de vulnerabilidad por teléfono, sin realizar comprobaciones físicas o de otro tipo.
Por lo anterior, muchos juristas están reclamando una Ley Integral del fenómeno de la okupación que aborde estos problemas. «Esto es lo que se hace en un Estado de derecho y lo que da seguridad jurídica a los ciudadanos y a los operadores jurídicos», señala el experto. De esta manera, la ocupación ilegal en España sigue siendo una problemática que requiere de una respuesta legal adecuada y efectiva.