Piden diez años de cárcel a una policía acusada de vender cocaína en su piso de Valladolid

Policía Nacional de Madrid acusada de vender cocaína desde su domicilio en Valladolid

Una agente de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional en Madrid, se encuentra en prisión por cargos de tráfico de drogas y revelación de secretos. La investigadora, que residía en Valladolid, está acusada de operar una punto de venta de cocaína desde su casa, y de utilizar información confidencial para vigilancia personal.

La investigación sobre la agente se inició en enero de 2023 por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, tras sospechas de que la vivienda que compartía con su pareja en Valladolid se estaba utilizando para la venta de drogas. Se realizaron vigilancias en las inmediaciones de la casa, observando visitas frecuentes y de breve duración, así como intercambio de objetos pequeños.

Pruebas de la Fiscalía y cargos presentados

Además de las vigilancias, la investigación incluyó escuchas telefónicas y la recogida de basura de los acusados en busca de restos de drogas. Los restos analizados dieron positivo en cocaína.

En junio, las autoridades realizaron un registro en la vivienda, donde encontraron once gramos de cocaína y 1.130 euros en efectivo, que la Fiscalía sostiene que procedía de la venta de droga.

La agente, además, es acusada de un segundo delito de descubrimiento y revelación de secretos. La Fiscalía alega que utilizó a título personal las bases de datos a las que tenía acceso por su trabajo para investigar a uno de sus supuestos clientes, consultando su ficha policial y documentación médica.

Tras su detención en junio del año pasado, la agente fue puesta en prisión preventiva. Su pareja fue liberada en septiembre.

La Fiscalía ha solicitado una pena de diez años de prisión para la agente y de cuatro años y medio para su pareja. Para la agente, también se solicita una multa de 11.000 euros y una inhabilitación de ocho años. La multa solicitada para su pareja asciende a 6.000 euros.

El juicio, que se celebrará en la Audiencia de Valladolid, está programado para el próximo 24 de junio.

Esta historia pone de relieve los esfuerzos continuos de la Policía Nacional para combatir el tráfico de drogas, incluso cuando los sospechosos resultan ser miembros de sus propias filas. Al mismo tiempo, plantea preguntas sobre la seguridad de la información en manos de la Policía y cómo se puede abusar de ella.

La situación también resalta la necesidad de mayores controles y equilibrios en el sistema policial para prevenir tales abusos de poder. En este sentido, es esencial que se tomen medidas para garantizar que la información confidencial no sea utilizada de manera inapropiada.

La acusación de tráfico de drogas contra la agente es un recordatorio de la persistencia del problema de las drogas en nuestra sociedad y de la necesidad de un enfoque integral para abordarlo. Esto, por supuesto, incluye la prevención, el tratamiento y la rehabilitación, así como la aplicación de la ley.

El caso también destaca la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas en las fuerzas del orden. Los ciudadanos deben tener la confianza de que aquellos encargados de proteger la ley no la están violando ellos mismos.