Luis Francisco Gracia Romero asume como titular de la Autoridad Independiente en materia de corrupción de Castilla y León
Este jueves, en un acto celebrado en el Salón de Recepciones de las Cortes de Castilla y León, Luis Francisco Gracia Romero tomó posesión como titular de la Autoridad Independiente en materia de corrupción de Castilla y León. Este nombramiento, anunciado en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), marca un importante paso en la lucha contra la corrupción en la región.
El evento fue presidido por Carlos Pollán, presidente del Parlamento autonómico, y contó con la participación del Pleno del Consejo de Cuentas, encabezado por su presidente, Mario Amilivia. También estuvieron presentes los titulares y consejeros del resto de las instituciones propias de la Comunidad, miembros de los grupos parlamentarios, y otras autoridades.
La designación de Gracia Romero, propuesta por Amilivia, fue ratificada por el Pleno del Consejo de Cuentas, un órgano autonómico de control externo. Posteriormente, en su reunión del pasado 11 de junio, la Mesa de las Cortes dio su visto bueno al nombramiento, que hoy se hace oficial con la publicación en el Bocyl y la toma de posesión de Gracia Romero.
La Autoridad Independiente en materia de corrupción y sus funciones
La Autoridad Independiente, adscrita al Consejo de Cuentas con sede en Palencia, es una figura creada en el marco de la Ley de medidas tributarias, financieras y administrativas. Esta ley, que entró en vigor el 15 de mayo, acompaña a los Presupuestos Generales de la Comunidad para este ejercicio. Gracia Romero, además de asumir este nuevo puesto, continuará siendo secretario del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales.
Esta nueva autoridad tiene como objetivo cumplir con las metas establecidas por la Unión Europea y la normativa estatal en materia de lucha contra la corrupción, así como garantizar la protección al informante. La Autoridad Independiente no se ha creado a coste cero, sino que está vinculada al Consejo de Cuentas de Castilla y León, tanto orgánica como presupuestariamente.
Además de sus funciones en relación con el sector público autonómico y local de Castilla y León, el Procurador del Común, el Consejo Consultivo, el Consejo Económico y Social y el propio Consejo de Cuentas, la Autoridad Independiente también podrá intervenir en la actividad administrativa y de gestión patrimonial del Parlamento autonómico si así se solicita por acuerdo de la Cámara.
Actuará como canal externo de comunicación, como se refiere la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción (2023). En esta función, la Autoridad Independiente se encargará de la información que afecte al sector público autonómico y local, a las instituciones propias de Castilla y León, y a las Cortes en cuanto a su gestión administrativa y de gestión.
Además, en su ámbito de actuación, tendrá la potestad sancionadora respecto de las infracciones contempladas en la ley mencionada anteriormente. También adoptará, en su caso, las medidas de apoyo a las personas que comuniquen o revelen infracciones. Le corresponderá el desarrollo de funciones de asesoramiento, formación y evaluación de la eficacia de los instrumentos jurídicos y las medidas existentes en materia de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción, en colaboración con los órganos de control existentes. Asimismo, se le encomienda la realización de propuestas y recomendaciones para promover, en su ámbito de actuación, los máximos niveles de seguridad.
El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, informará anualmente a las Cortes de la actividad realizada por la Autoridad Independiente. Esta exigencia proviene de la Directiva de la UE 2019/1937, que establece a los Estados miembros la obligación de disponer de autoridades competentes para los mencionados cometidos. Galicia se convirtió en la primera Comunidad en crear una autoridad autonómica de este tipo tras la aprobación de una ley en 2023, y ahora se suma Castilla y León.
Luis Gracia es funcionario del Cuerpo de Letrados de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, con destino en el Consejo Consultivo de Castilla y León, desde el año 2007. Compagina sus tareas con las de letrado y las de secretario del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (TARCCyL) desde el año 2014.
Este Tribunal, constituido en el marco de la Ley de medidas tributarias, administrativas y financieras de 2012, se adscribió al Consejo Consultivo, siendo presidente de esta institución Mario Amilivia. Luis Gracia ayudó a poner en marcha el Tribunal autonómico de Recursos Contractuales en demanda de su mayor operatividad y eficiencia.
Además de sus funciones como funcionario y letrado, Gracia Romero ha impartido numerosos cursos para empleados públicos, principalmente en materia de contratación del sector público. También es ponente habitual en jornadas, congresos y mesas redondas, y representa a la institución en las reuniones nacionales de coordinación de los tribunales de recursos. Asimismo, es coautor de diversas obras especializadas y artículos, así como de las memorias anuales de la institución en materia de contratación del sector público.