El retardo de la justicia en el caso histórico de proxenetismo en España

En lo que ha sido un seguimiento lento y extenso de un caso de explotación sexual en España, la tan anticipada Operación Cariosa, que ha tardado 16 años en llegar a juicio, se cerrará con penas reducidas. Cuatro de los cinco acusados, dueños de tres prostíbulos en la provincia de Lugo, lograrán reducir sus penas al mínimo gracias a un pacto con la Fiscalía. Un retardo en el proceso judicial y el posterior pacto con la Fiscalía han permitido que los acusados eviten las fuertes condenas que inicialmente se propusieron.

La jueza Pilar de Lara había instruido una causa que superó los 250 tomos, más de cien imputados y cerca de quinientos testigos. Sin embargo, la Operación Carioca se desgajó en medio centenar de piezas secundarias, que con el tiempo fueron perdiendo fuerza.

Los acusados y sus crímenes

Los acusados son José Manuel G., Marcos G. y Jesús G., propietarios de los prostíbulos Queens, Eros y Eclipse. Los tres tienen antecedentes de explotación sexual a mujeres. A ellos se unen el cabo de la Guardia Civil, Armando L., y su superior, Julio B. Los dos formaban parte de los equipos Emume del Instituto Armado, que debían velar por las mujeres y asegurarse de que los locales cumplieran la ley.

La Fiscalía alega que, en lugar de proteger a las mujeres, los agentes alertaban a los dueños de los clubes de alterne sobre las redadas y las inspecciones que se iban a hacer en sus locales. A cambio, los agentes recibían servicios sexuales y a veces dinero. Armando L., el líder de la trama, ofrecía su ayuda a las mujeres para regularizar su situación en España, a cambio de servicios sexuales.

Este martes ha comenzado el juicio con una sesión en la que se han planteado cuestiones previas, pero la Fiscalía ha anunciado que cuatro de los cinco acusados reconocerán los hechos, lo que implicará una rebaja sustancial de sus condenas. Los dueños de los tres clubes de alterne recibirán penas casi testimoniales, mientras que Armando L. no superará los seis años de prisión, frente a la petición inicial de 21 años.

El único acusado que no se ha adherido al pacto es el jefe policial Julio B. Será el único que será juzgado, y su caso quedará visto para sentencia mañana, 16 años después de que estallara la Operación Carioca. Aunque podría haber aceptado el acuerdo y recibir una pena testimonial, prefiere defender su inocencia.

Su abogado ha lamentado la «vulneración del derecho de defensa» de su cliente por una instrucción «parcial y deficiente» y el «abuso en el uso de testigos protegidos de manera no justificada». Los abogados de las defensas han coincidido en señalar que una instrucción tan larga «no es justa ni para las víctimas ni para los acusados». La Plataforma contra la Impunidad en la Operación Carioca ha calificado el pacto de la Fiscalía con los acusados como «los acuerdos de la vergüenza».

Este caso de explotación sexual ha dejado una mancha en la historia judicial española, y la resolución de penas reducidas, aunque esperada, es un recordatorio de las dificultades que enfrentan las víctimas de estos delitos en su camino hacia la justicia.

Lo que queda claro es que, a pesar de los avances en la conciencia pública y la legislación, la explotación sexual sigue siendo un problema grave en nuestra sociedad. Este caso nos recuerda la importancia de seguir luchando por la justicia y el bienestar de las víctimas de estos delitos.