El Gobierno aprueba una gran subida de la tasa que pagan las centrales nucleares

El Gobierno ha aprobado definitivamente una importante subida de la tasa que pagan las centrales nucleares. Esta decisión se ha tomado tras meses de presiones por parte de las grandes eléctricas para frenar el alza del recargo, que se implementará para financiar los costos multimillonarios asociados con el desmantelamiento de los reactores, la construcción de siete almacenes nucleares y un gran cementerio nuclear para el descanso final de los residuos radiactivos.

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, liderado por la vicepresidenta Teresa Ribera. Este decreto contempla un incremento del 30% de la tasa que abonan las centrales nucleares para cubrir los costes de gestionar todos sus residuos radiactivos. Sin embargo, la propuesta inicial del Ministerio era de subir la ‘tasa Enresa’ en un 40%.

En línea con el principio de ‘quien contamina paga‘, las centrales nucleares pagan a Enresa, la sociedad pública encargada de gestionar los residuos radiactivos, una prestación patrimonial no tributaria en función de la electricidad que cada una produce. Las centrales financian los costos multimillonarios (alrededor de 20.200 millones hasta el final de este siglo) y Enresa se encarga de centralizar las labores de tratamiento de los residuos y de desmontaje de las plantas.

Impacto financiero de la subida de la tasa

Dependiendo del volumen final de electricidad anual, las compañías eléctricas propietarias de las centrales nucleares han estado pagando alrededor de 450 millones de euros anuales al fondo que financia el plan de residuos radiactivos. Este fondo actualmente acumula unos 7.700 millones de euros.

Tras la subida aprobada, la prestación patrimonial que abonan las centrales nucleares aumentará hasta los 10,36 euros por megavatio hora (MWh) de electricidad producida por las plantas. Esto representa un 29,8% más que los actuales 7,98 euros por MWh. El alza establecida por el Gobierno disparará los pagos que realizan cada año las centrales nucleares solo por esta tasa hasta cerca de los 585 millones de euros (135 millones más que los abonos actuales).

La patronal Foro Nuclear, que agrupa a las grandes eléctricas propietarias de las centrales (Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP), ha denunciado en los últimos meses que la subida de la tasa impuesta por el Ministerio para la Transición Ecológica se debe a los sobrecostes de 2.000 millones de euros del nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) aprobado por el Gobierno. Este plan contempla la construcción de siete cementerios nucleares y no el único almacén que estaba previsto en Villar de Cañas (Cuenca).

Las grandes eléctricas rechazan tener que asumir el pago millonario adicional a través de la denominada ‘tasa Enresa’ y, al mismo tiempo, han abierto la batalla legal presentando sendos recursos ante el Tribunal Supremo tanto contra el plan general de residuos como contra el carpetazo al proyecto de construir un solo almacén de Villar de Cañas.

El Gobierno rechazó la pretensión de las grandes eléctricas de bloquear durante varios años la subida de la tasa que pagan las centrales nucleares. La patronal Foro Nuclear había reclamado que no se continuara con el proceso de subida de la tasa hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre los dos recursos presentados por la asociación. Una petición que, de aplicarse, en la práctica habría implicado aplazar la revisión de la tasa al menos durante dos años.

Las compañías eléctricas propietarias de las centrales nucleares españolas llevan desde hace años quejándose de la enorme carga fiscal que soportan y ahora se movilizan para conseguir una reforma integral de la fiscalidad del sector con una rebaja masiva de los impuestos específicos que pagan, en torno a 950 millones al año (a razón de 18 euros por MWh producido).

Las nucleares reclaman al Gobierno un gran recorte de los impuestos específicos que gravan la actividad de sus reactores. E incluso piden directamente la eliminación de todos o de algunos de los tributos vigentes especiales para la producción con nucleares, tanto los estatales como los autonómicos.

Foro Nuclear también ha detallado opciones de reforma de los impuestos más específicas. La patronal ha pedido al Gobierno que la recaudación millonaria del impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos no vaya a las arcas públicas generales, sino que se destinen a alimentar el fondo de Enresa para la gestión de los residuos nucleares (las centrales han pagado 3.100 millones de euros por este tributo en algo más de una década y les quedarían por pagar otros 1.900 millones hasta el apagón nuclear).

Además, Foro Nuclear ha reclamado que la propia Enresa deje de pagar un impuesto especial por sus almacenes nucleares, que luego acaba repercutiendo a las centrales. La sociedad pública ha abonado ya 148 millones y le quedaría por pagar, según vaya aumentando el volumen de deshechos almacenados, otros 1.277 millones más.