Reforma de las pensiones: Tres discursos (gobierno, patronal, sindicatos) y ¿un destino?

Este 18 de septiembre, el Gobierno, la patronal y los sindicatos firmaron un nuevo marco regulador de compatibilidad entre trabajo y pensión (el cuarto para reformar las pensiones). Con este ‘triacuerdo’, las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, y los sindicatos CC.OO. y UGT, han sellado lo pactado con el Ministerio de Inclusión el pasado 31 de julio. Regula los cambios en la jubilación demorada y activa, la capacidad de actuación y decisión a las mutuas en tratamientos reglados, y el retiro para las profesiones penosas. Pero, ¿todos los discursos persiguen el mismo «destino»?

En el acto, celebrado en La Moncloa, han participado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha presidido el acto, los presidentes de las patronales, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, así como los secretarios generales de los sindicatos mayoritarios, Unai Sordo y Pepe Álvarez. También ha asistido la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

El Gobierno: «Construye una sociedad más justa»

El Gobierno asegura que este acuerdo se firma «para flexibilizar la jubilación, involucrar mejor a las mutuas en los tratamientos sanitarios y regular las profesiones penosas». Sánchez ha celebrado la rúbrica porque será «muy importante para la ciudadanía, nace del acuerdo entre el Gobierno y los actores sociales y va a servir para mejorar la vida de la gente y, por tanto, para construir una sociedad más justa».

Asimismo, ha resaltado que el acuerdo mejora la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo, protege a los trabajadores con ocupaciones más duras y peligrosas con nuevos coeficientes reductores de la edad de jubilación y contribuye a aprovechar mejor los recursos de las mutuas, con el fin de recuperar la salud de los trabajadores.

Las organizaciones empresariales: «Satisface las necesidades de las empresas»

La CEOE ha dicho que «el nuevo marco en materia de jubilación parcial, jubilación activa, de jubilación flexible o de la prevista para las actividades consideradas penosas, peligrosas o tóxicas se adecúa a las necesidades de la economía española y de las empresas para que puedan hacer frente a los desafíos derivados de transiciones como la digital, la demográfica o la de sostenibilidad«.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales asegura que este pacto también impulsa la colaboración de los servicios públicos de salud con las mutuas y con una gestión más eficiente de las incapacidades temporales, en línea con lo ya firmado en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). También afirma que se ajusta a la nueva realidad y a las necesidades de la economía y del tejido empresarial, ratificando el valor del diálogo social.

Los sindicatos: «Que en su tramitación parlamentaria se piense en la gente»

UGT, en la voz de Pepe Álvarez, pide que en la tramitación parlamentaria de este acuerdo «se piense en los derechos de la gente». El dirigente sindical ha hecho un llamamiento a las fuerzas políticas para que prioricen los avances sociales y los derechos de las personas trabajadoras por encima de las disputas políticas. Del mismo modo, ha hecho hincapié en la necesidad de que estos acuerdos, logrados con un amplio consenso, se consoliden con una eficaz puesta en marcha.

Por su parte, para CCOO, en la voz de Unai Sordo, “este acuerdo mejora la regulación y el acceso a la jubilación parcial en todos los sectores de actividad y en las administraciones públicas, al tiempo que beneficia la calidad del empleo de las personas relevistas que les sustituyen, promoviendo unas mejores condiciones para ese necesario relevo generacional en muchas empresas y administraciones en España”.

También ha dicho que espera «una pronta puesta en marcha de las medidas acordadas que requieren actuaciones directas del Gobierno o desarrollos reglamentarios de normas ya aprobadas por las Cortes», así como las modificaciones parciales de la Ley General de Seguridad Social y del Estatuto de los Trabajadores que se derivan de este acuerdo, puedan ser aprobadas en las Cortes Generales y entrar en vigor en el menor plazo posible.

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