La propuesta de reducción de la jornada laboral enfrenta una fuerte oposición de las patronales

Las propuestas recientes para reducir la jornada laboral en España han provocado un clamor empresarial. La última entidad en sumarse a la oposición es Pimec, una de las principales patronales del país. A pesar de las diferencias de peso que mantiene Pimec en lo relativo a la representatividad empresarial, comparte la misma opinión que la CEOE en cuanto al tiempo de trabajo.

El Ministerio de Trabajo está negociando una norma que reduciría el tiempo máximo que un asalariado puede trabajar a la semana a 37,5 horas, desde las actuales 40 horas. Sin embargo, las patronales no están dispuestas a apoyar una ley que les obligaría a pagar lo mismo a sus empleados por menos horas de trabajo. La propuesta ha sido criticada por afectar a la viabilidad y la competitividad de muchas pymes de diferentes sectores, según un comunicado de la entidad presidida por Antoni Cañete.

¿Negociación colectiva o legislación laboral?

Pimec y otras organizaciones empresariales, como Foment del Treball, sostienen que la cuestión de la reducción de la jornada laboral debería abordarse a través de la negociación colectiva en lugar de la legislación laboral. Este enfoque permitiría a las empresas con trabajadores bien organizados y márgenes empresariales más altos implementar una semana laboral más corta, mientras que aquellas con márgenes más bajos o sin disposición a ceder podrían mantener las 40 horas semanales.

Esta propuesta ha sido apoyada por las patronales, que se han reunido para consensuar un posicionamiento común. Han determinado que no serían capaces de asumir las contrataciones adicionales que se necesitarían para reducir el tiempo de trabajo de las actuales plantillas. Según los datos actuales de los convenios colectivos registrados, ocho de cada diez asalariados se verían afectados por la disminución a las 37,5 horas semanales.

Productividad y absentismo: las otras caras de la moneda

Pimec ha criticado al Gobierno por abordar esta cuestión de manera unidimensional, sin considerar los aspectos de la productividad y la reducción del absentismo. La patronal también ha reclamado ayudas y dinero público para implementar la medida. «Los beneficios de cualquier medida tienen que ser compartidos, como también el coste que haya que asumir, siendo absolutamente impensable que una medida como esta pueda o tenga que ser asumida solo por las empresas», ha afirmado en su comunicado.

La oposición a la ley, impulsada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha crecido durante esta semana. Tanto la CEOE como Pimec se han mostrado críticos con la propuesta. Por el lado gubernamental, la Moncloa ha pedido «equilibrios» y más tiempo para las negociaciones, con el fin de alcanzar un acuerdo que incluya a la patronal. Esto podría implicar un incumplimiento del programa electoral de la coalición, que establecía que las 37,5 horas semanales deberían entrar en vigor el 1 de enero de 2025. El paso intermedio, que era reducir a las 38,5 horas semanales ya este 2024, se da, de facto, por obsoleto.

El próximo lunes 8 de julio, se espera que el Ministerio de Trabajo, la CEOE, CCOO y UGT vuelvan a sentarse a una mesa para continuar las conversaciones sobre este tema. A medida que las negociaciones continúan, el futuro de la jornada laboral en España sigue siendo incierto.