El Gobierno español se está preparando para incrementar la tasa que las centrales nucleares pagan para financiar los costes multimillonarios de desmantelamiento de todos los reactores nucleares, construcción de cementerios nucleares y la gestión de todos los residuos radiactivos producidos por estas plantas. La propuesta inicial del gobierno fue un aumento del 40% en la tasa, pero esto ha sido recientemente suavizado a un incremento del 30%.
Las principales empresas eléctricas que son dueñas de las centrales nucleares españolas, incluyendo Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP, siguen rechazando la subida de la tasa. Su rechazo se basa en los sobrecostes de 2.000 millones de euros del nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), que contempla la construcción de siete cementerios nucleares en lugar del único almacén previsto en Villar de Cañas (Cuenca).
El Foro Nuclear, una asociación que representa a estas empresas eléctricas, culpa a la falta de consenso político e institucional para la implementación del proyecto de un solo almacén por los sobrecostes. La asociación ha presentado recursos legales contra el PGRR y el cierre del proyecto de almacén único en Villar de Cañas.
La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se mantiene firme en su postura de que las empresas eléctricas deben asumir los costes de desmantelamiento de sus centrales nucleares y la gestión de sus residuos. Esta postura se basa en el principio de ‘quien contamina paga’. Además, Ribera defiende el aumento de la tasa para cubrir estos costes.
El Ministerio para la Transición Ecológica había iniciado en enero pasado el proceso para aprobar un alza en la tasa que pagan las compañías eléctricas, hasta los 11,14 euros por cada megavatio hora (MWh) de electricidad producida por las centrales nucleares. Esto representaría un aumento del 39,5% en comparación con la tasa actual de 7,98 euros por MWh. Sin embargo, la nueva propuesta presentada esta semana reduce la tasa propuesta a 10,36 euros por MWh, un aumento del 29,8%.
El gobierno justifica esta revisión a la baja en la actualización de la tasa debido a que el importe acumulado en el fondo que recoge las aportaciones de las compañías eléctricas es mayor al estimado anteriormente (pasando de los 7.400 millones contemplados en enero a más de 7.700 millones ahora). Además, el valor real de la inflación del IPC ha sido inferior al estimado inicialmente. Ribera subraya que esta revisión demuestra la intención del gobierno de utilizar la «estimación lo más ajustada y lo más eficiente posible».
Las centrales nucleares pagan a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), una prestación patrimonial no tributaria en función de la electricidad que producen. Dependiendo del volumen final de electricidad anual, las compañías eléctricas propietarias de las centrales nucleares están actualmente abonando alrededor de 450 millones de euros anuales de media al fondo que financia el plan de residuos radiactivos.
La subida propuesta por el gobierno llevará los pagos anuales que las centrales nucleares realizan sólo por esta tasa hasta casi 585 millones de euros, 135 millones más que los abonos actuales. A pesar de esto, sigue siendo 45 millones por debajo de lo estimado en el escenario anterior, que elevaba la factura hasta los 630 millones anuales.
Las principales empresas eléctricas han manifestado su oposición a cualquier aumento de la tasa y están tratando de bloquearlo. La patronal Foro Nuclear está intentando frenar el aumento de la tasa. Además, la patronal y las compañías eléctricas están pidiendo al gobierno que no presente una nueva propuesta para aumentar la tasa hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre sus recursos legales contra el Plan de Residuos y contra el cierre del almacén de Villar de Cañas.
En última instancia, las compañías eléctricas están presionando para una reforma total de los impuestos que pagan las centrales nucleares con el objetivo de evitar la fuerte subida de la ‘tasa Enresa’ que promueve el gobierno. Estas empresas sostienen que si se utilizan los ingresos de estos impuestos para financiar el PGRR, no sería necesaria la subida de la tasa que propone el gobierno.