Archivo - Fachada de la sede de Naturgy, en Madrid (España)

Naturgy Generación SLU enfrenta querella por presunta manipulación de precios en la producción energética

La justicia española ha decidido tomar acción en un caso que ha causado conmoción en el sector energético. El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha admitido a trámite la querella presentada por la fiscalía contra Naturgy Generación SLU. Se acusa a la empresa de haber cometido un delito relativo al mercado y los consumidores al incrementar los precios de producción energética en su central térmica de ciclo combinado de Sabon 3, A Coruña, desde marzo de 2019 hasta diciembre de 2020.

El juez Calama, que actúa en sustitución del Juzgado Central de Instrucción número dos, que dirige Ismael Moreno, ha hecho suya la postura de la Fiscalía. Esta acción legal tiene su origen en una denuncia presentada por la asociación de consumidores FACUA. La asociación hacía referencia a una sanción de seis millones de euros impuesta por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) a Naturgy, por la realización de ofertas a precios excesivos al mercado de restricciones técnicas para la manipulación del precio de los servicios de ajuste.

El abuso de poder y la estrategia de precios de Naturgy

La fiscalía, en su querella, analiza el periodo temporal en el cual Naturgy competía en la zona eléctrica de Galicia con otras seis centrales. Según la fiscalía, la empresa no determinó sus ofertas en base a su propio coste de producción, sino en función del coste de producción de potenciales competidores.

El ministerio público acusa a Naturgy Generación SLU de haber adoptado, “con prevalimiento y abuso de su posición dominante”, una estrategia de ofertas a previos no equitativos y muy por encima de los resultantes de entornos de mayor competencia. Esta estrategia tenía el objetivo de lograr un beneficio injustificado en el mercado de ajustes técnicos. Estos sobrecostes, según la querella, fueron internalizados por los comercializadoras y repercutidos a los consumidores, en función de las condiciones del contrato suscrito.

La querella contextualiza estos hechos y destaca que fueron realizados durante la situación de crisis económica y social derivada de los efectos del covid y de las medidas adoptadas por el decreto que establecía el estado de alarma por la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia. Según la querella, Naturgy Generación obtuvo un beneficio bruto de 43,2 millones de euros y líquido, tras el impacto del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, de 35,5 millones.

El juez Calama, en un auto que puede ser recurrido en reforma ante el propio juez y en apelación ante la Sala, ha determinado que los hechos recogidos en la querella revisten caracteres de delito, por lo que procede su admisión a trámite.

El magistrado considera que las diligencias propuestas por el fiscal son útiles y deben practicarse. Como primer paso, tal y como contempla la ley a la hora de proceder a la imputación de una persona jurídica, se ha dado una copia de la querella al representante legal designado por la empresa, a quien se le ha informado de los hechos que se imputan a la compañía.

En respuesta a las acusaciones, Naturgy niega haber manipulado nunca el precio del mercado eléctrico. En su defensa, la empresa recuerda que el Tribunal Supremo le autorizó recientemente a cerrar 10 de sus plantas de generación, tal y como había solicitado por no resultarle rentable actuar en ese mercado. En concreto, en el periodo investigado por la CNMC, la central de Sabón registró pérdidas.

Naturgy ha lanzado en los últimos años toda una serie de tarifas competitivas para ayudar a sus clientes a mitigar el impacto del precio de la energía en las economías domésticas. Según la compañía, en 2021 «se adelantó varios meses a las medidas públicas para contener la subida del coste la energía a través de su iniciativa Compromiso Luz a 65 €/MWh por tres años, destinada a mitigar la fuerte escalada registrada en el mercado eléctrico».

Por Daniel