La Moncloa Acepta un Retraso en la Reducción de Jornada Laboral para Incluir a la Patronal en el Acuerdo

La Moncloa ha indicado que está dispuesta a aceptar un retraso en la negociación para una nueva ley de reducción de jornada laboral, si ello significa incluir a la patronal en el acuerdo final. Esta decisión podría significar que la implementación de una semana laboral de 37,5 horas -en lugar de las 40 horas actuales- se retrase más allá del 1 de enero de 2025, una fecha propuesta por el Ministerio de Trabajo para la implementación de la ley.

Las negociaciones entre la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los agentes sociales en torno a la reducción de la jornada laboral se encontraban en sus etapas finales. Sin embargo, la patronal ha declinado hasta ahora participar activamente en las negociaciones, rechazando discutir en detalle las propuestas del Ministerio de Trabajo. En un esfuerzo por atraer a la patronal a las negociaciones, la ministra Díaz ha alternado entre ultimátums y ofertas de nuevas propuestas.

La Oposición de la CEOE y la Posibilidad de un Acuerdo

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha reiterado su oposición a la propuesta de Díaz, evidenciada en un reciente acto empresarial contra la «injerencia del Gobierno en las empresas». Sin embargo, no todos los miembros de la patronal están en contra de la propuesta. El líder de la CEOE, Antonio Garamendi, ha pedido «moderación» en contraste con la postura más firme de los vicepresidentes de la organización.

La parte socialista del Gobierno considera que es necesario redoblar los esfuerzos para atraer a los empresarios a la iniciativa. Esto se basa en un compromiso hecho en su acuerdo de legislatura con el PSOE y Sumar para tener la ley en vigor para el 1 de enero de 2025. «Hay que dar una oportunidad al diálogo. Preferimos llegar un poco más tarde, pero hay que agotar las posibilidades y a lo mejor no correr tanto», comentaron fuentes de la Moncloa.

El Ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha respaldado esta postura, enfatizando que el objetivo es encontrar un punto de equilibrio en las negociaciones.

Los socialistas argumentan que un acuerdo más amplio que incluya a la CEOE dará más legitimidad a la ley. Ellos siguen apostando por la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas sin que esto signifique una reducción en el salario.

La futura ley necesitará ser aprobada por el Congreso de los Diputados. Ante el probable rechazo del Partido Popular (PP), la Moncloa espera que un acuerdo con la patronal atraiga el apoyo de Junts y el PNV, dos miembros clave del bloque de investidura.

Fuentes del Ministerio de Trabajo han sugerido que si la patronal cambia su actitud, estarían dispuestos a extender la negociación «sin fecha de caducidad». En caso contrario, se negociará solo con los sindicatos para cerrar un acuerdo lo antes posible y enviarlo al Congreso.

El principal desafío de extender las negociaciones con la patronal es el retraso en la implementación de la ley. Incluso si se envía un texto al Congreso en los próximos días, la ley no podría entrar en vigor hasta mediados o finales de diciembre. Sin embargo, el apoyo de la patronal podría facilitar el paso de la ley por el parlamento, aunque esto no es una garantía absoluta, como se evidenció con la reforma laboral aprobada en 2021.