El Consejo de Ministros ha aprobado, en su reunión del martes, los objetivos de déficit y deuda después de que el Partido Popular (PP) los tumbara en el Senado el pasado 7 de febrero. Esta medida es crucial en vista de la preparación del retrasado proyecto de Presupuestos del Estado para 2024, que el Ejecutivo planea finalizar en los próximos meses.
El PP, con su mayoría absoluta en el Senado, rechazó la semana pasada los objetivos de estabilidad presupuestaria propuestos por el Gobierno para el periodo 2024-2026. Como resultado, la senda debía ser nuevamente aprobada por el Consejo de Ministros y pasar por el trámite parlamentario, una vez más. La senda aprobada ahora es idéntica a la que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 12 de diciembre.
La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, defendió la medida, afirmando que el Gobierno sigue trabajando sin pausa para desarrollar un presupuesto que permita que España continúe por la senda de crecimiento y la creación intensiva de empleo.
Según la Ley de Estabilidad Presupuestaria, si el Congreso o el Senado rechazan los objetivos, el Gobierno debe, en el plazo máximo de un mes, presentar un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento de tramitación.
En caso de que los objetivos no sean aprobados por segunda vez, los objetivos de estabilidad serán los recogidos en el Programa de Estabilidad remitidos a la Comisión Europea el pasado mes de abril, según un informe de la Abogacía del Estado que el Ministerio de Hacienda asegura tener en su poder. Estos objetivos son más exigentes para las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
El PP ha criticado duramente este «informe inexistente» de la Abogacía del Estado, mencionado por Hacienda, que garantiza la tramitación de las cuentas públicas en 2024. Sin embargo, fuentes del Departamento que dirige María Jesús Montero sostienen que este informe se dará a conocer en caso de que el PP rechace por segunda vez los objetivos.
La senda de objetivos aprobada por el Consejo de Ministros prevé una reducción del déficit público del conjunto de las administraciones públicas desde el 3,9% del PIB en 2023 al 3% del PIB en 2024. En particular, establece que el déficit del Estado debe mantenerse en el 2,9% del PIB en 2024. Para las comunidades autónomas, se prevé pasar de un déficit del 0,6% a uno del 0,1% del PIB. Los ayuntamientos deberían aumentar su superávit al 0,2% del PIB y para la Seguridad Social se prevé que el déficit del 0,5% de este año se reduzca al 0,2% del PIB en 2024.
Además, el Consejo de Ministros ha vuelto a aprobar el Plan de Reequilibrio en los mismos términos que el pasado diciembre. Este documento tiene como objetivo corregir las desviaciones presupuestarias que se produjeron por el escenario excepcional de los últimos años debido a la pandemia y al impacto de la guerra de Ucrania. En este sentido, el Plan de Reequilibrio recoge la senda de consolidación fiscal aprobada hoy que permitirá cumplir este año con el Pacto de Estabilidad de la UE.
El Consejo de Ministros también ha mantenido los objetivos de deuda pública para el periodo 2024-2026, tanto del conjunto de las Administraciones Públicas como de cada subsector.
Sin embargo, si la senda de objetivos de déficit y deuda para el periodo 2024-2026 que ha vuelto a aprobar el Consejo de Ministros es rechazada de nuevo, las administraciones territoriales tendrían menos margen de gasto. Esto implicaría que las autonomías tendrían que cuadrar un equilibrio presupuestario si se imponen los objetivos de abril. Para los ayuntamientos, la diferencia es de dos décimas de PIB. En definitiva, si se aplican los objetivos de abril y no los que ahora rechaza el Senado, las autonomías perderán una mayor capacidad de gasto por unos 1.500 millones de euros y los ayuntamientos, tendrán un menor margen por unos 3.000 millones. El Estado, en cambio, ganaría un mayor margen de gasto por esos algo más de 4.500 millones de euros, que perderían autonomías y ayuntamientos.