Los obispos aceleran su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abusos

Los obispos, en su misión de proporcionar una respuesta compasiva y justa a las víctimas de abusos sexuales, tienen la intención de aprobar su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abusos este julio. Para este propósito, han convocado una Asamblea Plenaria extraordinaria para el próximo 9 de julio. César García Magán, portavoz de la Conferencia Episcopal, explicó durante una rueda de prensa que esta reunión permitirá a «todos los obispos conocer el texto, dar sus aportaciones y, si procede, dar su aprobación».

El Plan busca ofrecer una «reparación integral» en casos donde no se puede realizar un juicio, ya sea porque el abusador ha fallecido o porque el caso haya prescrito. Durante la Asamblea Plenaria de noviembre, los obispos acordaron llevar a cabo este proyecto de reparación. Se esperaba su aprobación durante la siguiente Asamblea, que tuvo lugar a principios de marzo. Sin embargo, discrepancias internas impidieron llegar a un acuerdo.

Impulso para avanzar en la reparación de las víctimas

El debate parecía retrasarse hasta la siguiente Plenaria, programada para noviembre, pero dos factores han acelerado el proceso. Primero, el impulso del nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, quien parece decidido a resolver los temas pendientes durante su mandato. Segundo, el plan presentado por el Gobierno en abril que pretende obligar a la Iglesia a asumir el pago de indemnizaciones, incluso sin una sentencia judicial.

En los últimos dos meses, la Conferencia Episcopal parece haber comprendido la necesidad de aprobar su plan lo más pronto posible. Han implicado de manera directa a los religiosos a través de la Confer, que hasta ahora había estado en un incomprensible segundo plano, ya que la mayoría de los casos se han dado en el ámbito de colegios religiosos.

El «Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abusos sexuales a menores y personas vulnerables equiparadas en derecho», conocido como PRIVA, ha sido elaborado por el Servicio de las Oficinas para la protección de menores de la Iglesia. Durante los últimos meses, ha ido «incorporando las observaciones de los obispos en sus distintas reuniones», según García Magán, además de las ideas recogidas en el Mensaje al Pueblo de Dios ‘Enviados a acoger, sanar y reconstruir’, aprobado en la Plenaria de noviembre de 2023.

El PRIVA parece ser apoyado por una gran parte de las instituciones eclesiales. Desde la Confer, han confirmado que «el respaldo es unánime», aunque no todos los obispos están de acuerdo. El plan propone que una comisión independiente, aunque nombrada por la Iglesia, examine cada caso y determine, de acuerdo a unos baremos previos, el tipo de ayuda que la víctima de abusos puede necesitar. Esta reparación integral puede variar desde apoyo psicológico hasta espiritual, dependiendo de las necesidades de la víctima. Además, «habrá reparación económica a las víctimas que lo soliciten», aseguró García Magán.

Esta indemnización debe ser asumida por la diócesis o la congregación religiosa a la que pertenecía el abusador. En la mayoría de los casos que va a tratar este plan, el agresor ya ha fallecido. Algunos obispos han mostrado reticencias, especialmente porque el proceso supondrá asumir casos en los que ya no se pueden pedir responsabilidades al agresor. Algunos incluso temen que puedan surgir denuncias falsas y dañar la imagen de sacerdotes ya fallecidos.

Argüello, consciente de estas preocupaciones, explicó a las asociaciones de víctimas que la aprobación del plan por parte de la Conferencia Episcopal no garantiza que todos los obispos lo implementen. La Conferencia Episcopal es un órgano colegiado, pero no tiene poder coercitivo sobre todos los obispos, que sólo rinden cuentas de su actuación ante el Papa.

Por tanto, la convocatoria de la asamblea general extraordinaria es clave para el futuro del plan. La aprobación requiere de una mayoría cualificada de dos tercios, que en principio parece garantizada. Además, el hecho de que el plan sea aprobado en Asamblea General y no por la Comisión Permanente implica un mayor grado de presión para los obispos más reticentes a llevarlo adelante. La oposición posterior a un pago de indemnizaciones implicaría posicionarse contra la decisión mayoritaria del resto de sus «hermanos obispos» y supondría una grieta en esa colegialidad en la que se sustenta la Conferencia Episcopal.

En su reunión de la Comisión Permanente, los obispos también han conocido el borrador del Plan de aplicación de los criterios para la reforma de los seminarios en España. Este documento será estudiado en la próxima Asamblea Plenaria de noviembre. La base de este borrador es el documento «Algunos criterios para la actualización de la formación sacerdotal inicial en los seminarios mayores de las Iglesias particulares que conforman la Conferencia Episcopal Española», que fue presentado a los obispos españoles en su encuentro con el Papa y el Dicasterio para el Clero el pasado 28 de noviembre.