Altos fiscales de Madrid implican al Fiscal General del Estado en la revelación de secretos

La Fiscal Jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, y el Fiscal de Delitos Económicos, Julián Salto, han comparecido ante el juez responsable de la querella presentada por Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La querella contra los dos fiscales alega un presunto delito de revelación de secretos. Ambos fiscales han declarado que la orden de emitir una nota aclaratoria de la Fiscalía de Madrid vino directamente del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.

El objeto de la investigación en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) es una nota aclaratoria de la Fiscalía de Madrid que se refiere a las conversaciones entre el abogado de González Amador y el fiscal sobre un supuesto caso de fraude fiscal. El magistrado a cargo del caso es Francisco Goyena. Este jueves los dos fiscales han comparecido como investigados, declarando primero Salto y después Rodríguez Fernández.

Ambos fiscales han insistido en que la orden de emitir la nota, que fue publicada el pasado 14 de marzo, fue emitida por el Fiscal General del Estado. Sostienen que simplemente acataron las órdenes en una institución jerarquizada como la Fiscalía.

El Fiscal General del Estado asume la responsabilidad

El Fiscal General del Estado ha asumido la responsabilidad de la difusión de la nota de prensa, primero verbalmente en un acto institucional en la sede de la Fiscalía el pasado 15 de abril, y luego por escrito en una carta enviada al TSJM el día 10. En la carta, García Ortiz solicita que el caso sea enviado al Tribunal Supremo, ya que él tiene fuero y es el organismo competente para juzgarle.

La Sala Civil y Penal del TSJM ha rechazado el recurso del Ministerio Público y la Abogacía del Estado contra la apertura de diligencias contra los dos fiscales. Avaló que existen suficientes indicios para investigar a los fiscales.

El pasado 13 de junio, la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, también declaró que recibió la orden directa del Fiscal General del Estado para difundir la nota aclaratoria. Afirmó que se negó a difundir el documento debido a su deber de confidencialidad, pero finalmente acató la orden en cumplimiento del artículo 25 del Estatuto Fiscal.

El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eduardo Ribó, ha recalcado que «el secreto profesional es una piedra angular del ejercicio de la Abogacía» y ha defendido la posición del Colegio para que «las infracciones a la confidencialidad no sean toleradas» y sean abordadas «con la máxima seriedad».

La investigación intenta averiguar «quién o quiénes fueron las personas físicas concretas que intervinieron en la decisión de hacer público dicho comunicado de prensa y el máximo responsable (en rango) de la carrera fiscal que acordó o dio el visto bueno a la decisión de difundir el comunicado».

En el auto de admisión de la querella, la Sala estima que «debe investigarse el verdadero alcance del conjunto de los hechos». Solo de este modo se puede cumplir con una finalidad esencial del sumario, tal y como se contempla en el artículo 299 de la LeCrim, que consiste en la determinación de todas las circunstancias que puedan influir en la calificación de los hechos, siempre que estos revistan indiciariamente carácter delictivo.