El Gobierno español aprobó en 2021 un proyecto de ley que tenía como objetivo revisar la distribución de costes que soporta el sistema eléctrico y reducir permanentemente el recibo de la luz. La ley, sin embargo, mantiene una cláusula que podría incrementar el precio de los combustibles y del gas natural. Este proyecto quedó en suspenso durante la crisis energética que disparó los precios del gas y los carburantes. Aunque los precios energéticos se están normalizando, el Gobierno sigue resistiéndose a reactivar la ley.
La ley congelada contemplaba la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE). Este fondo permitiría que el recibo de la luz ya no cargue con todo el coste de la retribución a las plantas de energías renovables reguladas, trasladándolo parcialmente a las compañías petroleras y gasistas. Esto, a su vez, aumentaría el precio de los carburantes y de la factura de gas natural, afectando especialmente a los grandes consumidores de la industria española.
La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha defendido los objetivos de la ley y la estrategia seleccionada para alcanzarlos. Sin embargo, considera que aún no es el momento de reanudar la tramitación de la ley y prefiere seguir aplazándola. «Aún existe incertidumbre sobre la evolución de los precios energéticos, así que no parece que sea todavía el momento de activarlo con inmediatez», explicó Ribera.
Sin embargo, las compañías de energías renovables insisten en que se deben reanudar los procedimientos para establecer el FNSSE lo antes posible para impulsar la transición energética, reduciendo el coste final de la electricidad y trasladando parte de sus costes a los combustibles fósiles. José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), sostiene que es el momento de rescatar la creación del FNSSE.
El Gobierno ha comenzado a retirar algunas de las medidas excepcionales implementadas durante la crisis energética para frenar el aumento del precio de la electricidad. Con la normalización relativa de los precios, ha iniciado un aumento gradual de los impuestos que se incluyen en el recibo de la luz. Las empresas de energía renovable apoyan la creación del FNSSE y argumentan que es fundamental para avanzar en la transición energética.
Las grandes eléctricas también respaldan la reactivación del proceso de distribución de costes, pero creen que la reforma del Gobierno es insuficiente. Apuestan por una revisión integral de la fiscalidad de la electricidad para eliminar o reducir los impuestos e impulsar la electrificación y la transición energética. Fuentes de Aelec, la patronal que agrupa a Iberdrola, Endesa y EDP, indican que las compañías eléctricas soportan 38 impuestos estatales y autonómicos en España.
Actualmente, la retribución de las antiguas energías renovables reguladas, que asciende a unos 4.500 millones de euros este año, se carga íntegramente en el recibo de la luz. El objetivo del Gobierno con la creación de este ‘fondo verde’ era repartir ese coste también con las petroleras y gasistas.
La propuesta de creación del nuevo fondo de renovables ha provocado la alarma en la gran industria. Diversas patronales de diferentes sectores industriales han alertado que la implementación del FNSSE supondría un golpe de miles de millones para la industria, llegando en «el peor momento»: en plena crisis energética y con los costes energéticos disparados.
La gran industria aplaude que el coste de las renovables se extraiga parcialmente de la factura eléctrica, pero exige que no se haga comprometiendo la competitividad industrial. Por lo tanto, las asociaciones empresariales proponen que las retribuciones de las energías renovables reguladas se trasladen íntegramente a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de manera progresiva.