Yolanda Díaz entrega a las comunidades autónomas los primeros 1.800 millones para políticas activas de empleo

La Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, encabezada este jueves por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado una decisión significativa para la economía española. El acuerdo se ha alcanzado para acelerar la distribución de fondos para las políticas activas de empleo del ejercicio 2024. Esta decisión implica que los recursos del Estado, cuya dotación total asciende a 1.800,3 millones de euros, serán distribuidos antes de lo previsto.

La decisión se ha tomado con el objetivo de permitir a las comunidades autónomas comenzar a cumplir con sus compromisos. Trabajo ha informado de que las comunidades autónomas recibirán de manera inmediata el 70% de los fondos que les corresponden de acuerdo a los criterios establecidos en la Conferencia Sectorial de abril de 2023. Esto representa un aumento del 6,49% respecto al importe del año 2022.

La cantidad de fondos asignados, es decir, 1.800,3 millones de euros, es la recogida en los Presupuestos Generales del Estado para 2023, prorrogados finalmente para 2024. Fuentes consultadas por ABC indican que si las Cuentas del presente ejercicio hubieran sido aprobadas, esta cantidad habría ascendido a más de 2.500 millones de euros. Las mismas fuentes aseguran que los 700 millones restantes serán entregados una vez haya presupuesto consignado para esta materia.

En próximas semanas, se celebrará una nueva conferencia sectorial en la que se completará la distribución total de los fondos. Sin embargo, las fuentes consultadas no aclaran la naturaleza de la fuente de financiación que permitirá al Estado incrementar hasta en un 39% el presupuesto destinado a estas políticas activas de empleo.

De los 1.800,3 millones de euros contemplados, 997 millones corresponden a políticas activas de empleo y formación; 308 millones a iniciativas del sistema de formación profesional para el empleo que no corresponden a certificados de profesionalidad; 443 millones a iniciativas de formación en alternancia para el empleo, y 51,4 millones a la modernización de los servicios públicos de empleo. Del importe total, se destinarán 633 millones de euros a combatir el desempleo del colectivo de personas mayores de 52 años.

Además, se han establecido objetivos cuantitativos por comunidades autónomas, el objetivo de mejora de la empleabilidad y la voluntad de impulsar la consolidación y profesionalización del personal orientador laboral en toda la red de los servicios públicos de empleo. Para ello, el Ministerio de Trabajo, a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), impulsará el diseño y financiación de un programa inicial y continuo de formación para profesionalizar y consolidar al personal que desempeñe las competencias relacionadas con la orientación laboral.

También se ha asignado un crédito presupuestario total para acciones ordinarias de prevención de riesgos laborales de ámbito territorial de 11.390.000 euros. Este crédito fue propuesto por el Patronato de la Fundación Española para la Prevención de Riesgos Laborales.

La Conferencia también debatió el proyecto de Real Decreto por el que se desarrollan la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo y los servicios garantizados establecidos en la Ley de Empleo. Este proyecto tiene el objetivo de mejorar los sistemas de empleo públicos.

A pesar de la buena marcha de la Conferencia, no todas las comunidades autónomas han estado de acuerdo con la distribución de fondos. Mientras que Castila y León se ha abstenido en la partida de prevención de riesgos laborales, la Comunidad Valenciana ha votado en contra en el reparto de fondos para políticas activas de empleo.