El bloque de la Unión Europea ha relajado las obligaciones de la nueva directiva que requerirá a las grandes empresas minimizar los riesgos de sus actividades en términos de derechos humanos y medio ambiente. Esta decisión ha suscitado críticas de las ONG, que lamentan la falta de ambición del texto final.
Los embajadores de los Estados miembros han dado su aprobación a una normativa que fue bloqueada a finales de febrero, después de que Alemania, Francia e Italia expresaran dudas sobre el texto ya acordado con el Parlamento Europeo. El gobierno belga, que actualmente preside la UE, ha trabajado desde entonces para avanzar en un acuerdo a contrarreloj para evitar que la directiva se bloqueara debido a las próximas elecciones europeas.
En una publicación en las redes sociales, la presidencia belga celebró el acuerdo, destacando que «impulsa un comportamiento sostenible y responsable de las empresas y ancla los derechos humanos y medioambientales en las consideraciones para operaciones corporativas».
El texto, que fue revisado este viernes, ha sido aprobado por mayoría cualificada con el apoyo de Italia y Francia. Sin embargo, una decena de países, incluyendo Alemania, Austria, Hungría y Suecia, se abstuvieron. España mantuvo su voto positivo, que ya había expresado anteriormente.
La ley busca hacer responsables a las grandes empresas del impacto de sus actividades y las de su cadena de suministros en la sostenibilidad medioambiental y los derechos humanos. Obliga a estas empresas a monitorear estos riesgos y a minimizarlos bajo pena de multas. Por esta razón, es considerada fundamental por organizaciones ecologistas y de defensa de los derechos humanos y laborales.
Entre los principales cambios introducidos por los Veintisiete destaca un aumento de los umbrales que determinan qué empresas estarán afectadas por las obligaciones de la directiva. Ahora serán aquellas con más de 1.000 empleados y más de 450 millones de facturación anual, en comparación con los 500 empleados y 150 millones de euros en ingresos que se proponían en los borradores anteriores.
En respuesta a estos cambios, varias ONG han criticado duramente el texto final de la directiva, denunciando que sus exigencias han sido «masivamente» reducidas o diluidas para beneficiar al sector empresarial europeo.
«Tras sucumbir a la narrativa errónea de que contiene cargas desproporcionadas para las pymes y tras reducir drásticamente el número de empresas cubiertas, los gobiernos de la UE han eliminado dos tercios de la ley y, en consecuencia, el impacto real que podría haber tenido», afirmó el responsable de sostenibilidad corporativa de WWF, Uku Lilleväli.
«Empresas irresponsables están quemando el planeta del futuro y aprovechándose de violaciones de derechos humanos», subrayó el responsable de Justicia Económica de Oxfam, Marc-Olivier Herman. Según Oxfam, el incremento de los umbrales solo obligará a cumplir con las obligaciones de la directiva a unas 5.500 empresas europeas, mientras que unas 17.000 habrían estado bajo el alcance de la norma con su redacción anterior.
La directiva ahora debe ser aprobada por el Parlamento Europeo, primero por su comisión de Asuntos Jurídicos y luego por el pleno, para que pueda entrar en vigor.