La excarcelación anticipada de presos puesta en marcha en el Reino Unido para aliviar la saturación de las cárceles ha generado temor entre víctimas de violencia y sus familias. Algunas de ellas aseguran que se ven obligadas a abandonar sus hogares, trasladarse a otras regiones e incluso adoptar una nueva identidad ante la salida de prisión de sus agresores.

Una familia que deja Gales por miedo

La británica Karen Haynes, de 54 años, ha decidido marcharse con su familia al otro lado del mundo si el Gobierno de Andy Burnham no logra mantener separado de sus hijos a su exmarido abusivo. «Nos mudamos. Emigramos al otro lado del mundo», afirmó ante los medios.

Haynes ha vendido su vivienda y prepara la mudanza junto a su hija de 26 años y su hijo de 17. Los tres han tenido que cambiar de identidad después de la liberación de su expareja, Christopher Haynes, de 59 años, condenado por maltrato y amenazas.

El hombre figura entre los más de 700 reclusos liberados para reducir la sobrepoblación penitenciaria. La mujer teme que pueda encontrarlos y cumplir las amenazas que les hizo. «No hay alternativa, tengo que proteger a mis hijos», sostuvo Haynes, que asegura haber vivido durante más de 26 años en un constante «estado de terror».

El temor de otras supervivientes

El caso de Haynes no es el único. Claire Milne expresó a la BBC su miedo tras conocer la próxima salida de prisión de su exmarido, Robert Dales, de 36 años. «Me da miedo que venga a por mí. No quiero morir», declaró.

Dales fue condenado en marzo a tres años de cárcel por acoso y posesión de armas, entre ellas espadas samurái y ninja. Milne relató que sufrió violencia física, amenazas de muerte y golpes en puertas y paredes. Las autoridades habían considerado su relación como un caso de violencia «de alto riesgo».

«Sé de lo que es capaz porque lo viví en mis propias carnes», advirtió. También otra víctima, identificada bajo el seudónimo de Alice, manifestó su terror ante la prevista liberación de su expareja a finales de mes. «Apenas había empezado a sentirme segura y a asimilar lo que había vivido», lamentó.

Más de 2.500 liberaciones previstas

Cientos de reclusos salieron de prisión el 2 de octubre sin cumplir íntegramente sus condenas. Aunque el Gobierno laborista ha excluido a los condenados por delitos de extrema crueldad, la medida ha permitido la salida de maltratadores y otros delincuentes violentos.

La aplicación del plan estaba inicialmente prevista para septiembre, pero se aplazó hasta octubre para informar a las víctimas y permitirles adoptar medidas preventivas. Las personas afectadas recibieron cartas en las que se les comunicaba la liberación anticipada de sus agresores.

El Ministerio de Justicia defiende que ha activado el mayor despliegue de vigilancia electrónica realizado hasta ahora y que los delincuentes serán controlados telemáticamente tras abandonar la cárcel. Sin embargo, un informe divulgado esta semana por organismos de control policial y de libertad condicional alertó de que la espera para instalar los dispositivos de localización puede llegar a cinco meses.

El documento señala que solo el 55% de los sistemas GPS y de radiofrecuencia se colocan dentro del plazo previsto.

Previsión de 4.500 excarcelaciones en diez meses

En declaraciones a The Telegraph, Karen Haynes explicó que ella y sus dos hijos se ven obligados a dejar Gales, su región natal, por el temor de que el hombre que los amenazó de muerte en repetidas ocasiones actúe ahora que está en libertad.

Cerca de 700 hombres fueron liberados este jueves en Gales e Inglaterra. El Gobierno calcula que la cifra alcanzará los 2.550 antes de terminar el año y que llegará a un total de 4.500 presos en diez meses.

Organizaciones que representan a víctimas de violencia machista han expresado su preocupación por la salida de presos, algunos de los cuales llevaban más de una década encarcelados. Dame Nicole Jacobs, comisionada de violencia doméstica en ambas regiones, declaró a The Guardian que «las supervivientes de todo el país miran a su alrededor con miedo porque el Gobierno y nuestro sistema de justicia penal no han logrado protegerlas».

La atención se centra ahora en el 13 de octubre, cuando está programada la liberación de un segundo grupo de reclusos. El sindicato de funcionarios penitenciarios ha advertido de la falta de espacio en las prisiones, una situación que, según sostiene, alcanzará niveles críticos a mediados de este mes.

El caso del agente Andrew Harper

Entre los casos que despertaron mayor atención figura el homicidio del policía Andrew Harper, asesinado mientras estaba de servicio en 2019. El agente sufrió heridas mortales durante una intervención por un robo cometido por tres hombres, dos de los cuales tenían 17 años cuando ocurrió el delito.

Jessie Cole y Albert Bowers fueron condenados a 13 años de prisión por homicidio involuntario y podían haber sido considerados para la libertad condicional anticipada bajo la nueva Ley de Sentencias de Burnham.

Los familiares y compañeros de Harper presionaron durante meses para impedir esa posibilidad. El plan inicial contemplaba revisar las condenas de miles de asesinos, violadores y delincuentes sexuales, y también habría permitido que ambos fueran elegibles.

Ante el rechazo que provocó la medida, el primer ministro afirmó que los condenados por homicidio involuntario quedarían fuera del programa. En agosto declaró que permanecerían en prisión tanto los reos condenados por agresión sexual como quienes cumplen penas por homicidio involuntario y muerte por conducción temeraria. Según aseguró, los responsables del asesinato del agente Harper no verán reducida su condena.