Organizaciones en España piden «medidas urgentes» para mejorar la salud democrática

Más de 35 organizaciones en España han unido fuerzas para exigir cambios urgentes que mejoren la salud democrática del país. En un manifiesto presentado el 17 de julio, estas organizaciones afirman que la regeneración democrática solo es posible si se elabora de manera democrática, y han pedido que se tomen medidas prioritarias en el nuevo «Plan de Acción por la Democracia» que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó en el Congreso.

El grupo diverso de entidades incluye a la Asociación de Profesionales de las Relaciones Industriales (APRI), la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), Greenpeace, el Consejo de la Juventud de España, Equipo Europa y alrededor de 30 organizaciones más. Todas ellas expresaron su preocupación por la falta de consulta a la sociedad civil y a organizaciones especializadas durante la elaboración de este plan. Destacaron que «la participación activa de estos actores es esencial para garantizar la transparencia y la legitimidad de las reformas propuestas».

Las organizaciones firmantes recordaron que el presidente del Gobierno, consciente de la creciente desconfianza hacia las instituciones, había calificado hace unas semanas de imperativa la renovación de las estructuras democráticas a través de un plan integral de regeneración democrática. Sin embargo, las organizaciones consideran que ciertas áreas críticas necesitan medidas prioritarias y urgentes.

Organismos europeos señalan áreas críticas

Las organizaciones indicaron que organismos europeos, como la Comisión Europea, mediante su informe sobre el Estado de Derecho en España, y el Consejo de Europa, a través del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), han señalado reiteradamente áreas donde España debe mejorar para asegurar el pleno respeto a los principios democráticos y la transparencia en la gestión pública.

El manifiesto propone una serie de medidas para abordar estas áreas críticas. La primera es reforzar la transparencia y el acceso a la información, reconociendo el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental y regulando la transparencia y participación de los grupos de interés o lobbies en los procesos de elaboración de normas y políticas públicas.

Otra medida propuesta busca mejorar la calidad normativa y la seguridad jurídica, evitando el abuso del decreto-ley y la promulgación de normas que generen incertidumbre, incoherencias o redundancias con otras existentes.

En términos de participación ciudadana, el manifiesto sugiere la activación de mecanismos innovadores como paneles y asambleas ciudadanas, y la reforma del derecho constitucional de petición ante las diferentes administraciones para convertirlo en una herramienta ágil y eficaz al servicio de la ciudadanía.

Piden un Código Ético obligatorio

El manifiesto también insta a la adopción de un código ético obligatorio para funcionarios y políticos, así como mecanismos robustos para evaluar y resolver conflictos de interés. Esto podría incluir la publicación proactiva de las declaraciones de bienes de altos cargos, funcionarios públicos y parlamentarios, y la creación de una oficina independiente con capacidad de imponer sanciones a quienes violen regulaciones sobre conflictos de interés.

Para fortalecer la separación de poderes, las organizaciones insisten en la importancia de que cada institución actúe respetando el resto de poderes y autoridades. Proponen mejorar el sistema de nombramientos de puestos judiciales superiores, reforzando criterios objetivos y transparentes que reduzcan la discrecionalidad, aseguren la independencia y refuercen la imparcialidad del sistema judicial.

Finalmente, el manifiesto pide acciones para preservar la salud informativa de la ciudadanía, combatiendo la desinformación mientras se respeta la libertad de información y se preserva el pluralismo de los medios. Esto incluye la promoción de la educación mediática, la garantía de transparencia en la financiación de los medios de comunicación, y la implementación de una buena gobernanza y rendición de cuentas en los medios de titularidad pública. También destaca la necesidad de garantizar el ejercicio pleno en España de los derechos a la libertad de expresión y los derechos de reunión y manifestación.

En un contexto donde la confianza ciudadana en las instituciones democráticas es fundamental, las organizaciones firmantes instan a las instituciones democráticas a mejorar la democracia con la participación de todos y reafirman su compromiso de colaborar activamente con el Gobierno y otras instituciones para garantizar la implementación efectiva de estas medidas.