En un paso significativo para el sector energético español, el Gobierno ha iniciado el proceso para revivir la Comisión Nacional de la Energía (CNE), una década después de su desaparición. Este movimiento marca la intención de establecer un regulador especializado en el sector energético, separado de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). La CNMC es un superregulador creado en 2013 por el gobierno de Mariano Rajoy, que absorbió varios reguladores sectoriales, incluyendo energía, telecomunicaciones, transporte aéreo y ferroviario, audiovisual, correo postal, y también la Comisión Nacional de la Competencia.
La resurrección de la CNE demandará una reconfiguración de la CNMC, que cesará todas las funciones relacionadas con la supervisión e inspección del sector energético. Esto implica que la CNMC tendrá que transferir “los medios materiales y humanos” al nuevo organismo, los cuales hasta ahora estaban encargados de la energía. En concreto, la totalidad de la plantilla de la Dirección de Energía de la CNMC, que consta de más de 120 profesionales, y también su sede principal en el centro de Madrid, tal como se indica en el anteproyecto de ley que el Ministerio para la Transición Ecológica ha sacado a audiencia pública.
En términos de infraestructura, el Gobierno requerirá que la CNMC devuelva al nuevo supervisor el inmueble que una vez fue la sede de la antigua CNE, y que actualmente es la sede central de la superreguladora en Madrid, presidida por Cani Fernández. Este edificio se encuentra en la calle Alcalá, 47, en las cercanías de la Plaza de Cibeles. Anteriormente, el palacio pertenecía a la familia Urquijo, luego fue la sede de Tabacalera, y finalmente fue adquirido por la antigua CNE en el año 2000 por más de 3.400 millones de pesetas (aproximadamente 20,5 millones de euros). El edificio, con una superficie construida de casi 10.200 metros cuadrados, se ubica en una ‘zona top’ del inmobiliario madrileño.
El proceso para restablecer la CNE fue aprobado por el Consejo de Ministros en su reunión del martes. Antes de que se aprobara iniciar el proceso, ya se había filtrado un borrador del anteproyecto de ley que regulará el proceso de recuperación del organismo. En ese borrador, se afirmaba explícitamente que la CNE tendría su sede principal en Madrid y se dejaba abierta la posibilidad de que el supervisor tuviera otras sedes, estableciéndose el procedimiento para designar las ubicaciones de esas otras instalaciones.
Sin embargo, en la versión definitiva del anteproyecto que el Ministerio para la Transición Ecológica ha hecho pública, ha desaparecido por completo la mención explícita de que la sede de la CNE se encontrará en Madrid. En el texto definitivo, no se especifica dónde se encontrará la sede ni se establece siquiera la posibilidad de que existan otras instalaciones en otros puntos de España. Aunque parece obvio que la intención del Gobierno es mantener la sede de la futura CNE en Madrid, dadas las regulaciones sobre la cesión de la propiedad del inmueble de Alcalá, 47, las fuentes oficiales del Gobierno se abstienen de hacer comentarios al respecto.
Actualmente, la CNMC cuenta con dos sedes en Madrid y una en Barcelona. Además de la ubicación en Alcalá, 47, donde se encuentra la alta dirección del regulador y que es la que volverá a manos de la CNE, en la capital tiene el edificio contiguo de la calle Barquillo, número 5, que fue la sede sucesivamente del Tribunal de Defensa de la Competencia, luego reconvertido a Comisión Nacional de la Competencia, y finalmente integrado en el superregulador. La CNMC también tiene una sede en Barcelona, en la calle Bolivia, número 56, que fue la oficina central de la antigua Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT).
En el pasado, la antigua CNE adquirió en 2008 un edificio cercano a su sede central de la calle Alcalá, ubicado en la calle Barquillo, número 13, con el objetivo de ampliar sus instalaciones. Sin embargo, el inmueble nunca llegó a funcionar como oficinas del extinto supervisor energético y terminó vendiéndose por poco más de 11 millones de euros, con grandes minusvalías, apenas cinco años después, ya con la CNMC en funcionamiento.