La propuesta de financiación singular para Catalunya presentada esta semana por el presidente de la Generalitat y la consellera de Economía, Natàlia Mas, ha generado una división de opiniones entre diversos expertos consultados por Europa Press. La polémica gira en torno a su aplicación y a su similitud con la propuesta de su antecesor, Artur Mas en 2012.
El nuevo modelo de financiación de la Generalitat propone un cambio radical en la recaudación fiscal, pasando de recoger el 9% de los impuestos a la totalidad. Según los cálculos presentados, esto supondría unos ingresos potenciales de 52.000 millones de euros anuales, lo que sería el doble de lo que se obtiene con el modelo de financiación actual.
Oriol Amat, catedrático de Economía de la UPF, ha explicado que la propuesta es similar a la planteada en 2012, fundamentada en un concierto económico basado en la solidaridad y que contempla un déficit fiscal del 4%. El planteamiento original, presentado por Artur Mas a Mariano Rajoy en 2012, tenía como objetivo alcanzar un pacto fiscal que permitiera a Catalunya administrar sus propios recursos generados.
La propuesta de Aragonès ha sido analizada por el presidente del Consell Assessor en Política Econòmica de Catalunya (Capec), Guillem López Casasnovas, quien sostiene que la propuesta es exactamente la misma que la de Artur Mas. Sin embargo, Antonia Monés, excatedrática de Economía que formó parte del comité de expertos para analizar la financiación autonómica en 2017, discrepa y argumenta que el modelo de Mas no planteaba de forma tan explícita la recaudación de impuestos.
Carlos Cruzado, abogado y presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), ha expresado sus reservas sobre el encaje de la propuesta en la Constitución. Según Cruzado, Catalunya no comparte las características del País Vasco y Navarra y, por lo tanto, se requeriría un acuerdo multilateral con el resto de los territorios para su aplicación.
La necesidad de un consenso más amplio también es compartida por Monés, quien, aunque considera que el nuevo modelo está poco desarrollado y carece de contexto, ha definido la propuesta como «absolutamente maximalista» y que «no tiene ninguna posibilidad de encaje».
Por otro lado, Casasnovas considera que el Gobierno de Pedro Sánchez no necesita consenso para aplicar la reforma, sino una mayoría que ya posee, por lo que ha calificado la reacción del Gobierno como una gran comedia.
Ante la posibilidad de una reducción de la financiación disponible para el resto de comunidades, Amat ha señalado que debería ser el Estado «el que haga el esfuerzo» para compensarlo, argumentando que en los últimos años ha incrementado sus ingresos por encima de los de las autonomías.
Casasnovas ha enmarcado la insistencia de la Generalitat en su voluntad de autogobierno, un punto que, según él, diferencia a Catalunya de las demás comunidades, a las que «la situación actual ya les va bien» y no buscan ni descentralización ni asumir la responsabilidad fiscal que el concierto económico conlleva.
La propuesta no es nueva, según Cruzado, quien señala que es el modelo que siempre ha defendido ERC y que ya se planteó en el acuerdo de investidura de Sánchez. Cruzado cree que responde a una lógica electoral y es un proyecto económico propio de un Estado federal, que «hoy por hoy no es el modelo», y que el Gobierno no puede realizar una gestión individualizada en cada comunidad.
Por último, Monés opina que la propuesta responde a una lógica independentista y electoralista, además de ser «engañoso y victimista», ya que no es realista con las necesidades de los ciudadanos. Mientras que Amat sostiene que el déficit fiscal actual perjudica el bienestar y la competitividad catalana, lamentando que en Catalunya todos los servicios públicos reciben menor financiación que en otras autonomías.