Ministerio de Trabajo urge a la patronal a proponer la reducción de la jornada laboral

El Ministerio de Trabajo ha hecho un llamado a la patronal, solicitando una propuesta escrita para la reducción de la jornada laboral antes del próximo lunes. La petición ha sido instigada por el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, quien amenaza con acelerar las negociaciones y enviar al Congreso un acuerdo exclusivo con los sindicatos antes de que finalice el mes de agosto, si la patronal no presenta una propuesta.

La postura del ministerio, liderado por Yolanda Díaz, ha endurecido en torno a los empresarios, acusándoles de obstaculizar las conversaciones para cumplir uno de los compromisos electorales del Gobierno de coalición. Pérez Rey ha reprochado a los patronos que deben tomarse en serio la negociación. La patronal, representada por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), ha optado por no hacer declaraciones al respecto.

El lunes pasado, los representantes del Ministerio de Trabajo se reunieron nuevamente con la patronal y los sindicatos, con el objetivo de debatir el primer borrador que se les había enviado hace unos días. Los empresarios no llevaban consigo alegaciones escritas al documento, lo que ha sido reprochado tanto por el Ministerio de Trabajo como por los sindicatos. «El tiempo se ha acabado», afirmó el vicesecretario general de UGT, Fernando Luján.

Reforma laboral urgente: ¿Una realidad inminente?

El Ministerio de Trabajo está presionando para acelerar esta reforma, y los sindicatos temen un retraso en la implementación efectiva de la norma. Oficialmente, la intención del Gobierno es reducir la jornada laboral máxima a 38,5 horas semanales ya este año y a 37,5 horas a partir del 1 de enero del próximo año. Este segundo salto afectará a ocho de cada diez asalariados cubiertos por convenio colectivo y los sindicatos tienen preocupaciones sobre cómo implementar estos cambios en las empresas de manera apresurada.

El Ministerio de Trabajo y los sindicatos han lanzado un ultimátum a la patronal, exigiendo que para la próxima reunión del lunes, presenten propuestas escritas. Sin embargo, no han especificado qué medidas tomarán si no se cumple con este requerimiento. «No acaban de concretar qué es lo que quieren de esta negociación […] Si no hay un acuerdo estaremos con el Gobierno apoyando esta medida», dijo la secretaria de política sindical de CCCO, Mari Cruz Vicente. «Si no quieren estar en el camino, tendremos que seguir sin ellos», insistió el representante de la UGT.

La crítica del Ministerio de Trabajo se produce después de las declaraciones del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, quien acusó a la vicepresidenta segunda de practicar el «monólogo social» con esta norma, ya que a su juicio, ya la tiene decidida. Garamendi afirmó: “Si el Gobierno tiene prisa, que lo haga ya, pero que no hable de diálogo social, que sería tripartito”. En su opinión, la medida es perjudicial para España y especialmente para las pymes.

Las relaciones entre el Gobierno y los empresarios no están en su mejor momento. Después del ciclo productivo que coincidió con la irrupción del COVID-19, durante el cual Díaz pactó la ley de teletrabajo, la ‘ley Rider’, las prórrogas de los ERTE o la reforma laboral, ha seguido un período de esterilidad en los acuerdos. Los empresarios sienten que se les utiliza para validar normas y que los pactos alcanzados luego no siempre se respetan.

Otro golpe a la relación ha sido la reforma del Comité Económico Social (CES) para incluir a la patronal catalana Pimec, competidora de la CEOE en Cataluña, representada en esa región por Foment del Treball. La reforma de dicho organismo fue aprobada por el Ejecutivo sin consulta previa al mismo.